Argentina acelera el plazo para deportar a inmigrantes que hayan cometido delitos

El presidente argentino, Mauricio Macri, firmó hoy un decreto que acelera los plazos de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos en el país o tengan antecedentes penales, informaron fuentes oficiales.

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“Una situación crítica amerita la adopción de medidas urgentes”, consideró Macri en la resolución, que fue publicada hoy en el Boletín Oficial argentino, citó Dpa.

La decisión de modificar la Ley de Migraciones, explicó Macri, fue tomada por las “severas dificultades para concretar órdenes de expulsión” dictadas contra extranjeros debido a un “complejo procedimiento que puede llegar a 7 años de tramitación”. 

La resolución establece que serán expulsados del país, o impedidos de ingresar a él, los extranjeros que hayan sido condenados por cometer delitos o que posean antecedentes penales en cualquier parte del mundo.

El decreto resalta, especialmente, la comisión de delitos como tráfico de armas, trata de personas, narcotráfico, lavado de dinero o cualquier otro ilícito que la ley argentina establezca penas de tres años de prisión o más. 

Según la medida, los extranjeros detenidos en cárceles federales se incrementaron en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el “21,35 por ciento” de la población carcelaria total.

La nueva norma contempla, sin embargo, que si un extranjero pagó a una red de trata de personas para ingresar en el país podrá pedir su residencia en Argentina si colabora con información para desmantelar esa red delictiva. 

“Nosotros no tenemos un problema con la inmigración; tenemos un problema con el narcotráfico y con el contrabando”, explicó la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en declaraciones periodísticas publicadas el fin de semana.

El Gobierno argentino comenzó a implementar este jueves en aeropuertos y puertos un mecanismo de control fronterizo que fue cuestionado por autoridades de países vecinos, entre ellos de Bolivia, Perú y Paraguay, que lo consideraron discriminatorio.

Inclusive, el Gobierno boliviano decidió citar al embajador argentino en el país para que explicara la medida.

Información: El Universal

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