AMANECIÓ DE GOLPE

Ángel Lugo

Día martes, una primera sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, limitaba y virtualmente eliminaba la inmunidad parlamentaria, elemento fundamental de un poder legislativo en la división de poderes; pero a la medianoche del jueves (entre gallos y medianoche) una segunda sentencia le quitaba las atribuciones a la Asamblea Nacional bajo los supuestos de desacato y emergencia en el país. El viernes, a medida que van pasando las horas, va creciendo la ola de estupor y rechazo en Venezuela y en el mundo. Comenzó con Perú, cuyo presidente inmediatamente retiró a su embajador, le siguieron las reacciones de Colombia, México, Brasil, Chile, Argentina, Panamá, EE.UU., Guatemala. Varios de estos países llamaron a sus embajadores a consulta y luego los retiraron. Ese día, la Fiscal General de la República, en su presentación de su memoria y cuenta, declara que las dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia rompen con el hilo constitucional: una grave declaración que produjo un tsunami en los medios políticos del régimen y de la oposición. Almagro dice: “de una ruptura institucional no se sale con aun más alteración del orden constitucional”. Maduro acusará el impacto y dirá que es un “impasse” entre las dos instituciones y convoca al Consejo de Defensa Nacional para darle solución al problema.

Las dos sentencias del TSJ, emanada de la Sala Constitucional cuyos magistrados fueron designados por la anterior AN sin cumplir con los requisitos de ley,  le dan un poder enorme a Maduro. ¿Qué implican? Aduciendo el supuesto desacato y el estado de emergencia y de excepción (rechazado por la AN pero impuesto por el TSJ), tienen como efecto: Primero, la extinción de la inmunidad parlamentaria. Una especie de extinción de la AN también. Como los diputados han incurrido en desacato y pedido la activación de la Carta Democrática, entonces han cometido el delito de traición a la patria. Segundo, que para el juicio de traición a la patria, en este caso no se necesitan elementos probatorios. Es decir no son necesarias las pruebas y se les puede aplicar la Justicia Militar, la Ley de Terrorismo y el Código Penal.  Tercero, el TSJ asume todas las atribuciones de la AN hasta que finalice el desacato -que por supuesto es el TSJ quien determina cuando- , las competencias de la AN las asume la Sala Constitucional, quien las puede delegar en un tercero (No dice quién pero supone que es Maduro). Cuarta, le da poder a Maduro y al Ejecutivo para abrir juicios sin pruebas a cualquier ciudadano por vía de la declaración de actos terroristas o traición a la patria por cualquier cosa. Es decir, todos los venezolanos quedamos bajo estado de sospecha generalizada.

La clave económica

La sentencia faculta al presidente a pasar por encima de la constitución para constituir empresas mixtas sin pasar por la AN. He aquí una de las argucias de las decisiones. El régimen es una máquina para  endeudarse y gastar dinero,  insiste en seguir haciendo lo mismo para tener resultado similares en un círculo vicioso. Y la corrupción endémica del régimen que destroza todo.

 

El gobierno quiere más recursos, pero todo acuerdo, adquisición de deuda, recursos que se pidan para el país y vale decir el régimen, debe pasar por la aprobación de la AN, y eso se ha hecho saber.  La única vía que encuentra está en la construcción de empresas mixtas, que tienen también que pasar por el visto bueno de la AN. Al eliminar inconstitucionalmente ese paso, Maduro puede plantear asociaciones con transnacionales para que exploten las riquezas petroleras y del arco minero. Fuentes periodísticas ubican un preacuerdo con la empresa petrolera estatal rusa Rosfnet y así garantizar recursos para el pago de la deuda externa.

La clave de la Fiscal

Rodrigo Pérez Bravo, constitucionalista, hace la observación de cómo la Fiscal General Luisa Ortega Díaz ha venido abriendo camino aparte del régimen, en su revisión de las acciones y declaraciones de la alta funcionaria en los últimos meses. Llama la atención en el caso de la detención del jefe de seguridad de Ramos Allup, entonces presidente de la AN, donde no le formuló cargos. Otros casos resaltantes fueron la Masacre de Tumeremo, cuando el gobierno negaba el hecho y la Fiscal confirmó la matanza de los mineros. Ella ordenó al SEBIN a liberar a los presos políticos que tenían boleta de excarcelación y el gobierno se niega a darles la libertad.   Le negaron el derecho a ser la Presidenta del Consejo Moral Republicano en este año y el gobierno la relegó a un segundo plano. Hasta llegar ahora a su declaración sobre las dos decisiones del Tribunal durante la presentación de la memoria y cuenta, donde hace la observación de una grave ruptura del orden constitucional. No la hace frente al TSJ, como están haciendo los demás funcionarios públicos para no hacerlo frente a la AN, sino en el auditorio de la Fiscalía, frente a todos los Fiscales Superiores del país y frente a los periodistas (agarró fuera de base a los medios oficiales). Maduro recibe a la Fiscal en Miraflores, se dice que la reunión fue tensa. Mientras el presidente reclamaba que no fuese avisado, la Fiscal reclamaba la respuesta de los órganos del Ejecutivo con las decisiones de ese órgano del estado, en especial el hecho de que el Servicio Bolivariano de Inteligencia no acatara las ordenes de excarcelación  de los detenidos políticos y que aún permanecen detenidos en los sótanos de ese ente de seguridad.

“La sentencia es un golpe, dice la Fiscal”

Así coreaba la oposición en la sesión de la AN para discutir lo que se ha llamado el golpe del estado, el fujimorazo, el golpe continuado. Tras el escándalo y la sesión del Consejo de Defensa Nacional, la Sala Constitucional emite dos sentencias consecutivas aclaratorias, donde elimina  las menciones a la inmunidad y las atribuciones de la AN, pero todo lo demás queda intacto, al igual que las 54 sentencias previas contra la AN. Una declaración ante los medios del Presidente del máximo tribunal indica que la Asamblea continúa en desacato. Poco ayuda a resolver el problema. Mercosur ha sido duro con el régimen: se rompió el hilo constitucional. En la OEA no resulta la jugada de Bolivia y se realiza la sesión del consejo permanente para tratar el caso Venezuela. El régimen está quedando aislado a nivel latinoamericano, pero también es lo que busca, salirse o quedar fuera del sistema de la OEA. Le queda la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y el CELAC, que es la OEA sin EE.UU. Algunos países insisten en que se retome la mesa de diálogo pero después de  incumplirle las promesas al Papa, parece difícil que consiga apoyo internacional. El régimen piensa que puede hacer como Cuba, moverse en la ONU y el G-77, pero no estamos en tiempos de la guerra fría. China y Rusia se mueven entre intereses políticos y económicos, la agenda europea en terrorismo, narcotráfico y migraciones. La paz en esta agenda no es solo la ausencia de guerra, sino la paz social, la paz política, y la escasez y la violencia no son muestras de paz social. Que no se respete a la Asamblea Nacional, que no se convoquen las elecciones, que se mantengan los presos políticos, que se escale la violencia militar y paramilitar contra manifestantes opositores, tampoco son muestras de paz política. Venezuela no representa ninguna de las dos.

La oposición ha llamado a la calle y la gente ha respondido. Sabe que quitarle el poder a la Asamblea Nacional electa por el pueblo significa quitarle al pueblo su soberanía y entregársela a Maduro. Hay que tomar la calle contra el golpe, la represión no se ha hecho esperar, un muerto y más de cuarenta heridos es el resultado hasta ahora. Amaneció de golpe, la lucha del pueblo venezolano continúa.

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