Fiscalía pide audiencia para formalizar a Sebastián Dávalos por presunta estafa

Luego de más de tres años desde el estallido del Caso Caval, Sebastián Dávalos enfrentará su primera formalización en el marco de la causa que indaga las presuntas -y diversas- irregularidades vinculadas a la firma controlada en un 50% por su esposa, Natalia Compagnon.

El fiscal a cargo del caso, el jefe de la Fiscalía Regional de O´Higgins, Emiliano Arias ingresó un escrito ante el Juzgado de Garantía de Rancagua en que pide formalizar al hijo de la Presidenta Michelle Bachelet por su eventual participación y responsabilidad en el delito de estafa, ocurrida en el año 2012, en su calidad de gerente de proyectos de la firma. Junto con esto, se pide reformalizar a Compagnon y su ex socio, Mauricio Valero, por los mismos hechos, además de fijar una audiencia para discutir la posible ampliación del plazo de la investigación.

La arista que complica a Dávalos surgió tras la querella del empresario Gonzalo Vial Concha, quien canceló más de mil millones de pesos por informes que habrían sido “plagiados” a Cochilco.

Ahora será el tribunal el que defina la fecha de la audiencia para las formalizaciones solicitadas por Arias.

Si bien el hijo de la Presidenta no era indagado por esta arista, hubo un antecedente que cambió todo a fines de 2017. En su declaración del pasado 19 de noviembre, Valero aseguró que el ex director sociocultural de la presidencia había realizado informes para Vial cuando se desempeñaba como funcionario de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales de Chile (Direcon). Trabajos que habrían sido caratulados como asesorías comunicacionales, y por las cuáles el hijo de Bachelet habría recibido la suma de $11.666.667.

Pero Valero fue más allá. En su testimonio afirmó: “Debo aclarar que las mismas no corresponden a la asesoría que en ella se expresa, esto por Natalia Compagnon decidió que su marido emitiera boletas con dicha glosa por los trabajos que efectuaba para Gonzalo Vial ya que él aún se desempeñaba en un cargo de gobierno; y, según ella, consideraba que una asesoría comunicacional no implicaba una transgresión administrativa; todo lo cual no me consta porque no tengo conocimiento en materia administrativa, pues yo nunca he trabajado para el Estado u organismos públicos”.

 

Fuente: T13

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