Siete diputados opositores irán a juicio por apoyar un fallido alzamiento militar contra el régimen venezolano, hecho por el cual Estados Unidos anuló este martes sanciones a un exjefe de inteligencia como recompensa por su respaldo a la sublevación.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) determinó la “responsabilidad” de seis congresistas por traición a la patria, conspiración y rebelión civil, entre otros delitos, tras los hechos del 30 de abril, cuando una treintena de militares se rebeló contra Nicolás Maduro.
Se suman al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, cuyo procesamiento penal ya había sido autorizado por el TSJ el jueves pasado también por la insurrección liderada por el opositor Juan Guaidó.
Pocas horas después, a solicitud del Supremo, la oficialista Asamblea Constituyente despojó de su inmunidad a los siete congresistas: Zambrano, Henry Ramos Allup, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo De Grazia y Richard Blanco.
“Cada quien asuma su responsabilidad. Nosotros asumimos la nuestra hoy: abrir el camino para enjuiciar a quienes participaron activamente” en la sublevación, anunció el presidente de la Constituyente y número dos del chavismo, Diosdado Cabello.
De todas maneras, el TSJ consideró que como los delitos fueron cometidos de manera “flagrante” los dirigentes carecían de fuero. Así, instruyó al fiscal general, Tarek William Saab, a tramitar las causas en los tribunales comunes.
EEUU anima a otros militares
Este es un nuevo capítulo en la pugna por el poder que mantienen Maduro y Guaidó, reconocido como presidente interino por una cincuentena de países, en el contexto de la peor crisis económica en la historia moderna del país petrolero.
Principal valedor internacional de Guaidó, Estados Unidos buscó aumentar este martes su presión a Maduro al anunciar el levantamiento de sanciones económicas contra el exjefe de inteligencia de Venezuela, general Christopher Figuera, afirmando que este apoyó el levantamiento.
“Espero que las acciones que nuestra nación está tomando hoy animen a otros a seguir el ejemplo” de Figuera, expresó el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, en Washington.
Fue la primera confirmación por parte de un alto funcionario del apoyo de Figuera al alzamiento.
Guaidó dijo que la decisión de Washington demostró el “compromiso” suyo y de sus aliados con los militares que desconozcan al gobernante socialista.
“Evidencia el respaldo firme de nuestros aliados” y “nuestra seriedad y compromiso con nuestra Fuerza Armada dispuesta a defender la Constitución”, escribió el opositor en Twitter.
Pero para Cabello la medida es “una clara demostración” de que las sanciones económicas estadounidenses contra funcionarios venezolanos “no tienen nada que ver con lavado de dinero, narcotráfico, derechos humanos”, sino que son una “persecución política”.
Ante el fallo contra los diputados, Pence calificó al TSJ de “herramienta política para un régimen que usurpa la democracia” y advirtió que Washington puede sancionar a sus 25 miembros.
Pence ratificó en la reunión anual de la organización empresarial Consejo de las Américas que “todas las opciones están sobre la mesa” para sacar del poder a Maduro, pero en ese mismo escenario el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, advirtió que una intervención militar sería “un gran error”.
Guaidó denuncia persecución
En una sesión en la que participó Guaidó, el Legislativo, único poder de Venezuela en poder de la oposición, aprobó un acuerdo en “desconocimiento de cualesquiera atentados en contra de la inmunidad parlamentaria de los diputados”.
En un discurso en el hemiciclo, al cual no pudieron ingresar periodistas por orden de militares, Guaidó criticó que “la única respuesta que tiene el régimen es perseguir, porque ya no gobiernan, porque ya no tienen mando”.
“Hoy este Parlamento ofrece las soluciones que no puede ni va a poder dar el régimen y por eso (Maduro) ya está derrotado”, señaló Guaidó.
El propio jefe parlamentario fue despojado de su inmunidad el 2 de abril por la Constituyente, que autorizó al máximo tribunal a enjuiciarlo penalmente por usurpar las funciones de Maduro, sin que esto se haya producido.
Desde Costa Rica, el Grupo Internacional de Contacto (GIC) para Venezuela, integrado por países europeos y latinoamericanos, condenó los procesos contra los congresistas, indicando que buscan “criminalizar la protesta”.
