Lucía Dammert / Académica Universidad de Santiago
Las noticias son buenas. La Encuesta Enusc 2018 es un punto de quiebre respecto de tres años previos, pero aún no genera un cambio de largo aliento. Los datos muestran un ambiente mucho menos violento y criminal de aquel que justifican diversas iniciativas de populismo punitivo que hemos visto en los últimos meses.
Algunos dirán que son resultado de mano más dura y más policías, pero eso es imposible de afirmarlo responsablemente. Hipótesis hay muchas; certezas, casi ninguna. Solo sabemos que bajó la victimización, pero no es claro si esto responde a los millones invertidos en incrementar presencia policial, a los programas locales de prevención del delito, a la mejora de la cobertura educacional, al traslado a delitos diferentes, a cambios en el actuar criminal o a otros elementos.
Un tema es claro: los denominamos delitos de mayor connotación social (robos, hurtos y lesiones), donde las políticas públicas se han definido en las últimas décadas, ya no son un indicador suficiente para conocer la realidad delictual. La disminución del temor es también bienvenida, ya que tiende a aumentar estereotipos, discriminación y fragmentación socioterritorial. Pero los números son aún muy altos.
En nada ayuda la politización de la temática. Llama la atención cómo la misma encuesta y casi los mismos resultados son analizados de forma antojadiza por casi todos los actores políticos claves dependiendo de su lugar en la mesa del poder. Leer la Enusc desde el gobierno es totalmente distinto que desde la oposición. Ese es un problema grave, porque limita la posibilidad de avanzar con políticas serias que permitan mejorar aún más la situación.
Más allá de lo positivo de los resultados me permito sugerir dos temas urgentes: avanzar en evaluar iniciativas para poder definir dónde invertir para consolidar una tendencia de disminución del delito. Y no olvidar que la Enusc nos permite mirar la foto en agregado y que el delito tiene expresión cada día más territorial y, por ende, se requiere una fuerte inversión en análisis focalizado de los problemas que se enfrentan en las 40 comunas o los 120 barrios con mayor concentración de delitos violentos para efectivamente hacernos cargo de los problemas graves.
Imagen: Agencia Uno
