Las reacciones políticas ante el informe de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos

El ejecutivo nacional chileno fue uno de los primeros en dar a conocer su opinión al respecto del informe emitido.

Luna Espejo / @ilunae

Sebastián Piñera, quien reconoce Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, además de ser el mandatario de uno de los países que más ha acogido venezolanos en sus tierras, no tardó en pronunciarse sobre al informe de Bachelet.

El presidente chileno destacó que el informe entregado es “útil y necesario” para avanzar frente a los graves y trágicos problemas que afectan a Venezuela. “Vamos a prohibir el ingreso a Chile de más de 100 personas que están directamente ligadas con la dictadura de Venezuela y con los crímenes que esta dictadura ha cometido”, expresó Piñera.

Además de ello solicitó, al Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU que proponga la conformación de una comisión permanente que supervise los derechos humanos en Venezuela y que el informe y la evidencia que lo sustenta sean llevados a la Corte Penal Internacional.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Teodoro Ribera, también valoró el informe emitido por Bachelet, debido a que permite “asentar el consenso acerca de la insostenible situación humanitaria de Venezuela”, lo que ha dado como resultado una crisis migratoria “sin precedentes”.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, también realizó comentarios sobre el informe, expresando que “documenta las graves violaciones que sufre la población en ese país”, además de estar conforme sobre el mismo debido a que expresa la verdad “del dolor de Venezuela. Hace más de una década que señalamos abusos en Venezuela. En febrero de 2014, mientras el gobierno argentino de entonces ratificaba el ‘apoyo total y absoluto’ a Nicolás Maduro, nosotros repudiábamos los actos criminales que se estaban ejecutando contra su pueblo”, publicó en su Twitter.

Pero no todos estaban de acuerdo con las declaraciones emitidas por la Alta Comisionada en el informe. Es por ello que el Ejecutivo nacional venezolano emitió un comunicado de 11 páginas como respuesta, que fue titulado “Comentarios sobre errores de hecho del informe de la Alta Comisionada…”.

En dicho icomunicado, el régimen venezolano destaca: “El informe recomienda otorgar libertad a todas las personas detenidas ‘por motivos políticos‘. Esta recomendación resulta inaplicable y por tanto equivocada, pues en Venezuela no existen personas detenidas por tal condición“, por otra parte insta a Bachelet a “adoptar las medidas necesarias para corregir graves errores, distorsiones y deficiencias metodológicas presentes en su informe preliminar”.

Según el chavismo, en ningún momento el informe hace referencia al “bloqueo que sufren por parte de Estados Unidos”. El informe olvida los miles de millones de dólares pertenecientes a Venezuela que han sido “retenidos” en diversas instituciones bancarias en el mundo.

Es por ello que, en declaraciones, el viceministro William Castillo expresó que “Venezuela exige la corrección del contenido del informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, e insta a una actuación ponderada y respetuosa de dicha Oficina“.

Por otra parte, la Delegación de Cuba, durante su intervención en la Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó: “Demandamos respeto al derecho legítimo del Pueblo venezolano a seguir construyendo su modelo de proyecto social, y rechazamos la utilización de este Órgano y otros mecanismos de DDHH para darle continuidad a la guerra no convencional contra Venezuela“.

Cabe destacar que al momento de ser entregado el informe en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos, la Alta Comisionada puntualizó que “los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”. De igual forma, Bachelet informó que la única forma en que se puede salir de la crisis que vive Venezuela es la unión por ello pidió al gobierno de Venezuela que “vea a la oposición y a los defensores de los derechos humanos como socios en la causa común de estos derechos y la justicia”, para posteriormente llegar a una reconciliación.