La denuncia contra el presidente Gabriel Boric ha tomado un giro inesperado con la revelación de un abogado republicano y contradicciones en los hechos denunciados, lo que ha sembrado dudas sobre la veracidad de los acontecimientos.
Jonatan Valenzuela, abogado del mandatario, emitió una declaración pública el pasado lunes informando sobre una denuncia por filtración de fotos íntimas y acoso sexual que enfrentaba Boric durante su práctica profesional en Punta Arenas.
En respuesta a esta denuncia, la defensa de Boric señaló que él fue objeto de acoso cibernético entre 2013 y 2014, recibiendo correos electrónicos de la denunciante con contenido explícito.
Posteriormente, la denunciante dio su versión de los hechos, desmintiendo las afirmaciones de Valenzuela y alegando que las imágenes filtradas no tenían relación con los correos que supuestamente le habría enviado a Boric.
Por su parte, el abogado asesor y ex pareja de la denunciante, Jaime García, ofreció una versión diferente de los hechos, mencionando la pérdida de un pendrive que contenía las imágenes en cuestión.
Se reveló que la denunciante tenía antecedentes penales y estaba cumpliendo libertad vigilada por un asalto a un servicentro en Villa Alemana. Además, se vinculó a García con la denunciante a través de un vehículo utilizado en el robo y una serie de tuits ofensivos contra Boric.
Ante los continuos cambios en el relato de la denunciante y García, se planteó en círculos del oficialismo que se trataba de un montaje, solicitando a Republicanos que dieran explicaciones al respecto.
El diputado Daniel Manouchehri expresó su escepticismo sobre la denuncia y cuestionó la relación entre la denunciante, García y el Partido Republicano.
En respuesta, Arturo Squella, timonel de Republicanos, se desmarcó de la denuncia y descartó cualquier vínculo de la colectividad con la acción judicial y el actuar de García en el caso.
La Fiscalía Nacional anunció una investigación por “acceso ilegal” a la causa contra Boric por parte de su defensa, luego de que se revelara que tomaron conocimiento de la denuncia tres días después de presentada.
Miguel Schürmann, parte del equipo de abogados del presidente, explicó el procedimiento que siguieron para obtener información sobre la denuncia, lo que desencadenó la investigación por acceso ilegal.
La Fiscalía asignó al fiscal Cristian Crisosto la investigación por acceso ilegal, siendo el mismo persecutor a cargo de las indagatorias por la denuncia por filtración de imágenes.
Estos nuevos acontecimientos han generado incertidumbre y controversia en torno a la denuncia contra el presidente Gabriel Boric, en medio de versiones contradictorias y acusaciones de montaje.
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