El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha dado un paso significativo al notificar la apertura de un caso contra Venezuela por presunto fraude electoral el 28 de julio. Según información obtenida por Efe, este organismo, compuesto por 18 expertos independientes, ha solicitado la conservación de las actas de escrutinio.
Este comité tiene la función de supervisar la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de los estados que lo han ratificado.
De acuerdo con Efe, un grupo de cinco abogados de la firma IHR Legal con sede en Washington DC presentó una solicitud de investigación ante el comité en octubre. La petición acusa al gobierno venezolano de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricciones al voto en el extranjero, obstrucción al control ciudadano y limitaciones al acceso a la justicia.
Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y uno de los abogados demandantes, ha mostrado la notificación de apertura del caso. En el documento se establecen medidas provisionales mientras se determina si se avanzará con la investigación.
Según el documento mencionado por la agencia, “se ha solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales, incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación”.
🔴Desde @ihrlegal presentamos petición ante el Comité de Derechos Humanos ONU sobre elecciones en #Venezuela 2024. Logramos HOY la ONU determinar a Maduro SE ABSTENGA de destruir el material electoral: todas actas de escrutinio, material Totalización, Adjudicación y Proclamación! pic.twitter.com/xjTKIwYpre
— Paulo Abrāo (@PauloAbrao) December 3, 2024
Para los abogados involucrados, la apertura de este caso representa un “avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela”. En declaraciones a Efe, esperan que se llegue a una decisión “trascendente e histórica que demostrará que Nicolás Maduro no fue elegido presidente de Venezuela”.
En su denuncia, resaltaron que el patrón de persecución se intensificó en Venezuela antes, durante y después de las elecciones. Se refirieron a ello como “un patrón sistemático de desconocimiento de la voluntad popular expresada en el voto, especialmente cuando los resultados electorales no favorecen a Nicolás Maduro y sus aliados”.
Añadieron que “se alegan violaciones a los derechos políticos en perjuicio de un ciudadano venezolano común (no candidato), que forma parte de un grupo de millones de venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025”.
Destacaron que, a pesar de que se impidió votar al 99% de los millones de venezolanos que residen en el extranjero, las actas de escrutinio publicadas por la oposición indican que el gobierno en funciones perdió las elecciones por una mayoría abrumadora entre los votantes dentro de Venezuela.
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