La Contraloría General de la República ha detectado graves problemas estructurales y operativos en la gestión de drogas incautadas en los servicios de salud encargados de su recepción, almacenamiento y destrucción. Tras auditar 10 de los 29 servicios designados para estas labores, se han evidenciado deficiencias en infraestructura y manejo que contravienen la Ley 20.000.
De acuerdo con el informe presentado, muchos de los servicios regionales carecen de bodegas apropiadas para el almacenamiento de las drogas incautadas, lo que ha llevado a situaciones en las que los funcionarios se ven obligados a utilizar oficinas, estantes e incluso pasillos. Además, se ha constatado que el tiempo de almacenamiento puede exceder los 288 días, superando ampliamente el plazo de 24 horas estipulado por la normativa vigente.
Un caso alarmante expuesto en el informe fue el robo de 957 muestras de cannabis el 23 de febrero de 2024 en una Unidad de Decomiso que carecía de medidas de seguridad adecuadas, como cámaras de vigilancia, muros o puertas blindadas. Estas deficiencias en la infraestructura se han identificado como una problemática recurrente en varios de los servicios auditados.
En relación con la normativa vigente, se ha señalado que la Unidad de Decomiso solo recibe evidencias de lunes a viernes, lo que resulta en incumplimientos del artículo 41 de la Ley 20.000 que establece la entrega de decomisos en un plazo de 24 horas. También se ha evidenciado un servicio que tardó hasta 384 días en informar a las Fiscalías sobre la eliminación de sustancias ilícitas, lo que representa una clara violación de la ley.
Además, se ha revelado que entre los años 2020 y 2023, un servicio acumuló 2.574 muestras sin analizar, lo que ha generado retrasos significativos en los procesos legales. Asimismo, se han registrado demoras de hasta 384 días en informar a las Fiscalías sobre la eliminación de sustancias ilícitas y de hasta 45 días hábiles para la incineración de más de 11 toneladas de droga en otro establecimiento.
El informe también ha puesto de manifiesto deficiencias en la probidad de algunos funcionarios, quienes entregaron sustancias sin la debida documentación de recepción inmediata, lo que ha generado riesgos de hurto o pérdida de estas sustancias.
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