La reciente aprobación de la Ley Simón Bolívar en Venezuela ha generado preocupación entre expertos, quienes consideran que este paso coloca al país un escalón más cerca del modelo político de Nicaragua. Esta legislación, según críticos, allana el camino para la “legalización de la arbitrariedad” en el gobierno de Nicolás Maduro, actualmente bajo investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad de la Corte Penal Internacional (CPI).
La Ley Bolívar busca sancionar a aquellos individuos que, a juicio del gobierno, promuevan o apoyen sanciones contra Venezuela, aunque no especifica claramente los criterios para identificar a estos infractores.
Entre las medidas contempladas en esta ley se incluyen sanciones administrativas impuestas por funcionarios del gobierno, poderes amplios concedidos al contralor de la República para inhabilitar políticamente a personas por hasta 60 años, multas económicas y penas de cárcel, según lo informado por el diario colombiano El Tiempo.
El codirector de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, expresó su preocupación al afirmar: “Lamentablemente estamos viendo cómo aquí en Venezuela se están replicando estos patrones y además en una total indefensión”.
El artículo 23 de la ley establece la creación de un registro nacional para identificar a personas y entidades que, según el Estado, están involucradas en acciones contrarias a los valores y derechos del país. Estas personas podrían enfrentar medidas restrictivas, como la prohibición de entrada al país, la suspensión de visas, el congelamiento de activos y otras sanciones.
Al respecto, Daniels señaló que la ley enfatiza aspectos patrimoniales, la extinción de dominio y la imposición de multas, reflejando un patrón similar al aplicado en Nicaragua donde se ilegalizaron ONGs y se confiscaron sus bienes.
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