En un llamado contundente a la justicia internacional, Argentina, Panamá y Uruguay han demandado a la Corte Penal Internacional (CPI) que acelere las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Durante la reciente Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma, los representantes de estos países subrayaron la urgencia de que el tribunal actúe con determinación para abordar las graves violaciones a los derechos humanos en el país sudamericano.
El embajador argentino en Países Bajos, Mario Javier Agustín Oyarzábal, destacó que Venezuela no puede ser considerado un Estado de derecho, ya que sus principios fundamentales son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada deliberadamente.
Oyarzábal denunció además el asedio que sufren los asilados en la residencia del embajador argentino en Caracas, actualmente bajo custodia de Brasil, y exigió acciones decisivas para resolver esta situación.
Por su parte, el embajador panameño Jorge Corrales expresó su preocupación ante la falta de avances en las investigaciones de la CPI sobre los presuntos crímenes cometidos por el Estado venezolano.
Corrales manifestó su desacuerdo con la lentitud del fiscal de la corte y enfatizó que los derechos humanos de los venezolanos son tan valiosos como los del resto del mundo, solicitando mayor celeridad en el proceso investigativo.
Uruguay reafirmó su apoyo a la imparcialidad de la CPI respecto a los casos relacionados con Venezuela.
En este contexto, el canciller colombiano Luis Murillo reiteró el compromiso de su país con el Estatuto de Roma y subrayó la importancia de la justicia internacional para prevenir la impunidad.
Murillo concluyó señalando que la labor de la corte es esencial para evitar que queden impunes los delitos más graves, representando a menudo la última esperanza para las víctimas que buscan un sistema de justicia imparcial que materialice sus legítimas aspiraciones.
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