La crisis carcelaria en Chile ha sido puesta en evidencia recientemente por dos trágicos incidentes. El primero tuvo lugar en la cárcel El Manzano, en la Región del Biobío, donde un reo decapitó a su compañero de celda. El segundo caso ocurrió en Puerto Montt, donde un preso falleció tras recibir 200 puñaladas. Estos eventos han destacado el problema de hacinamiento que aqueja al sistema penitenciario del país.
Funcionarios de Gendarmería han levantado la voz para denunciar lo que consideran un “populismo penal” promovido por el Congreso y los gobiernos de turno. Según el suboficial mayor Benito Saravia, esta tendencia ha llevado a un aumento significativo de la población penal, sin la correspondiente mejora en infraestructura carcelaria para albergar a estos internos.
La población penal ha aumentado en un 40% en los últimos 24 meses, exacerbando el histórico problema de hacinamiento en las cárceles chilenas. La falta de planificación y de ampliación de las instalaciones penitenciarias ha sido señalada como una de las causas de esta crisis.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha destacado que en Chile no se han registrado situaciones extremas de pérdida de control en las cárceles, como en otros países de la región. Sin embargo, la senadora Iván Flores ha reconocido la existencia de corrupción y vulnerabilidades en el sistema carcelario.
Evelyn Matthei, presidenciable de la UDI, ha propuesto medidas para hacer frente a la crisis carcelaria y recuperar el control de las prisiones. Su Plan Cárceles contempla el aumento de plazas, aunque no se han entregado detalles específicos sobre la cantidad de cupos a incrementar ni los lugares donde se construirán nuevas instalaciones.
Matthei ha resaltado la importancia de abordar tanto los aspectos positivos como los desafíos que implica la mejora del sistema carcelario, incluyendo la necesidad de dialogar con las comunidades y autoridades locales para lograr acuerdos en la ubicación de cárceles, especialmente las de alta y máxima seguridad.
