La controversia se desató luego del anuncio de La Moneda de estudiar un proceso de regulación acotada de inmigrantes, tras llevar a cabo un empadronamiento de ciudadanos extranjeros que se encontraban de manera irregular en el país y que convocó a más de 180 mil personas.
Ante los cuestionamientos surgidos en la oposición, que tildaron la posible medida como un “perdonazo”, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, se vio en la necesidad de aclarar que “las personas que quieran regularizarse tendrán que cumplir un conjunto de requisitos que se van a informar en los próximos meses”.
Cordero explicó que los inmigrantes que participaron del empadronamiento lo hicieron de buena fe, y que existe evidencia disponible que describe el perfil y situación de estas personas.
Además, el subsecretario defendió la regularización acotada argumentando razones de seguridad y económicas. Destacó la importancia de saber la ubicación de estas personas para evitar su exclusión y protegerlas de situaciones de delincuencia.
En cuanto a los aspectos económicos, mencionó que se presentó un estudio del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo sobre el impacto económico de los migrantes en Chile durante una conferencia en la OIT con líderes empresariales del país.
Cordero aseguró que este proceso no generará una nueva ola migratoria, ya que no hay evidencia de que los procesos de regularización inciten a un aumento en la migración. Recordó que el segundo gobierno de Sebastián Piñera llevó a cabo dos procedimientos de regularización que beneficiaron a más de 310,000 personas.
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