La propuesta de llevar a cabo una regularización acotada de alrededor de 180 mil ciudadanos extranjeros irregulares que se sometieron a un empadronamiento biométrico, anunciada por el Ejecutivo, generó un amplio rechazo en el ámbito político, llegando incluso a que Chile Vamos acudiera al Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional.
El diputado Raúl Soto (PPD), crítico de la gestión de La Moneda dentro de Socialismo Democrático, manifestó que, en medio de una crisis de seguridad, el enfoque del Gobierno debería centrarse en fortalecer el control de las fronteras, mantener el proceso de expulsiones y utilizar la legislación existente para desalentar la llegada de más migrantes regulares a Chile, en lugar de considerar una regularización masiva.
Por otro lado, su colega del PS, Marco Ilabaca, destacó la incoherencia de acoger a extranjeros que ingresaron de forma irregular al país, especialmente en un contexto donde las fronteras se han visto desbordadas y se han realizado invitaciones a migrantes venezolanos. Esta postura fue respaldada por miembros de Chile Vamos, quienes recurrieron al Tribunal Constitucional para impugnar la regularización acotada.
El diputado Juan Antonio Coloma criticó duramente la medida anunciada, calificándola de irresponsable y advirtiendo que solo contribuirá a agravar la crisis migratoria que enfrenta Chile. Por su parte, desde La Moneda se defendió la iniciativa, asegurando que no generará un “efecto llamado” como argumentan sus detractores principales.
El subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó que aquellos con antecedentes penales o situaciones delictuales no tendrán posibilidad de regularización, y se han fortalecido las leyes para agilizar las expulsiones y reforzar el control de fronteras en el país.
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