El Gobierno de Colombia ha reiterado este lunes su solicitud a Venezuela para que respete el derecho internacional, particularmente en relación con la situación de los seis colaboradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, quienes llevan nueve meses refugiados en la embajada argentina en Caracas. Estas personas, que han solicitado ayuda internacional, enfrentan un asedio constante por parte de las fuerzas de seguridad del régimen de Nicolás Maduro.
El comunicado emitido por la Cancillería colombiana busca responder a las críticas internas hacia el Gobierno de Gustavo Petro por su falta de una condena contundente al régimen venezolano. Este pronunciamiento también ocurre después de que, la semana pasada, la representación colombiana denunciara ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas la detención arbitraria de siete ciudadanos colombianos en Venezuela durante 2024.
En un tono cuidadosamente medido, la Cancillería, liderada por Luis Gilberto Murillo, reafirmó su “compromiso inequívoco con la defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, especialmente en el contexto de la crisis venezolana. Asimismo, rechazó cualquier acción que contravenga el marco jurídico internacional que sustenta el orden global.
El comunicado subraya que la crisis política y humanitaria en Venezuela ha convertido a Colombia en un país receptor y de tránsito para millones de migrantes. Con más de 2.200 kilómetros de frontera compartida, Colombia ha acogido a cerca de tres millones de venezolanos que han huido de la crisis económica, la inseguridad y la persecución política. Además, se teme una nueva oleada migratoria debido al agravamiento de la situación en Venezuela.
En este contexto, Colombia ha reiterado su solicitud a las autoridades venezolanas para que se apeguen a los principios del derecho internacional respecto a los seis asilados políticos en la embajada argentina, que cuenta con el respaldo de Brasil. El comunicado también recuerda que tanto Brasil como Colombia han ofrecido sus buenos oficios para garantizar la protección y asumir la custodia de la sede diplomática, así como brindar protección internacional a los asilados.
Desde agosto, la embajada argentina en Caracas está bajo la protección de Brasil tras la expulsión de los diplomáticos argentinos. Los seis opositores venezolanos refugiados allí han denunciado un asedio constante por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo cortes en el suministro eléctrico y restricciones al agua potable. Estos opositores necesitan salvoconductos para salir del país, donde son considerados perseguidos políticos.
El expresidente colombiano Juan Manuel Santos criticó el domingo la falta de una postura firme del Gobierno colombiano frente a esta situación. Santos lamentó que no se haya pronunciado sobre lo que calificó como una “oprobiosa situación” impuesta por el régimen de Maduro a la embajada argentina. Además, recordó que Colombia históricamente ha defendido el derecho al asilo y advirtió que una posición ambivalente podría resultar costosa para el país.
La crisis poselectoral en Venezuela ha intensificado el debate político en Colombia mientras se acerca el 10 de enero, fecha prevista para la toma de posesión presidencial en Caracas. Nicolás Maduro insiste en juramentarse para un nuevo mandato, a pesar de las evidencias que indican su derrota electoral el pasado 28 de julio frente al opositor Edmundo González. Esta postura desafiante ha complicado los esfuerzos diplomáticos colombianos por mediar una salida negociada entre el Gobierno y la oposición venezolana.
El presidente Petro ha señalado que no reconocerá un ganador sin actas electorales, pero tampoco contempla una ruptura total de relaciones con Venezuela. Asimismo, afirmó que decidirá “en su debido momento” si asistirá o no a la ceremonia de toma de posesión en Caracas. La tensión política entre ambos países sigue aumentando mientras se buscan soluciones a una crisis que afecta a toda la región.
