El Arzobispado de Santiago enfrenta una denuncia por Ley Karin presentada por una ex trabajadora que desempeñó funciones entre abril y agosto de 2024. La denunciante fue contratada tras postular al cargo de community manager luego de un proceso de selección laboral, uniéndose al equipo de Comunicaciones del arzobispo Fernando Chomalí el 3 de abril.
Inicialmente contratada a plazo fijo por tres meses, su contrato se extendió solo por un mes más, a pesar del compromiso del Arzobispado de otorgarle un contrato indefinido. La denunciante señala que un nuevo periodista que se incorporó al equipo comenzó a desvalorizarla, excluyéndola de reuniones de trabajo, lo cual reportó a su superior.
La situación empeoró con la llegada de otra periodista, quien también la hostigó y evitó incluirla en reuniones, argumentando que estaba ocupada. Al intentar abordar esta situación, la denunciante afirma haber sido víctima de una “encerrona” que le causó problemas emocionales.
A pesar de seguir el protocolo para denunciar por Ley Karin en el Arzobispado de Santiago y ser informada de que notificarían a la Inspección del Trabajo, no hay registro de una investigación formal sobre su caso. Por lo tanto, la mujer solicita una reparación por daño moral de $15 millones, una indemnización de $14,3 millones (equivalentes a 11 remuneraciones) y el pago de $91 mil por horas extras.
