Inauguración del primer módulo de paz para resolver conflictos menores en Venezuela

Las autoridades venezolanas han inaugurado el primer “módulo de paz” para abordar “conflictos menores” entre vecinos. Los jueces comunales, elegidos recientemente en elecciones, serán responsables de atender estos casos. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, visitó el nuevo espacio en la parroquia El Valle, donde los jueces de paz asumirán su función con el compromiso de fomentar “la convivencia pacífica de la comunidad”.

“A través de estos módulos y casas de paz, los vecinos y vecinas podrán resolver conflictos menores para evitar que escalen”, expresó Rodríguez, resaltando que estos espacios contribuirán a la democratización. La vicepresidenta extendió sus mejores deseos a los “jueces y juezas de paz”, esperando que durante esta temporada navideña prevalezca la paz y no haya conflictos.

En las elecciones del 15 de diciembre, se seleccionaron alrededor de 30.000 “jueces de paz”, una medida impulsada por el chavismo para garantizar “la armonía y la sana convivencia” en los “circuitos comunales” del país. La mitad de los seleccionados ocupará posiciones principales, mientras que el resto será suplente. Según las autoridades, estos jueces recibirán un “entrenamiento especializado” en la Escuela de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Sin embargo, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) ha calificado estas elecciones como una estrategia de control gubernamental. El exdiputado Juan Pablo Guanipa afirmó que se busca establecer “comités de defensa de la mal llamada revolución” para controlar y perseguir a quienes se oponen al régimen. La figura del juez de paz se establece en la recientemente reformada Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, dándoles la potestad de resolver “conflictos o controversias” dentro de su área territorial.

En resumen, la implementación de los jueces de paz en Venezuela ha generado opiniones encontradas, con el gobierno destacando su importancia para la convivencia comunitaria, mientras que la oposición los critica como una herramienta de control. La realidad de su funcionamiento y su impacto en la sociedad venezolana está aún por verse.