El régimen talibán emitió una orden dirigida a todas las ONG, tanto nacionales como extranjeras, instándolas a despedir a todas las mujeres empleadas en sus organizaciones. De lo contrario, se reservan el derecho de cerrar dichas organizaciones, en consonancia con otras medidas discriminatorias implementadas desde su regreso al poder hace más de tres años.
El Ministerio de Economía difundió esta orden a través de las redes sociales, actuando en calidad de autoridad encargada del registro y supervisión de las actividades de las ONG. Esta comunicación sirve como recordatorio de un dictamen previo, estableciendo que en caso de falta de cooperación por parte de las organizaciones, se suspenderán todas sus actividades y se revocará su permiso de operación.
Durante su retorno al poder, los talibanes han reinstaurado las restricciones sexistas que caracterizaron su primer mandato, lo que ha resultado en la exclusión progresiva de las mujeres de los espacios públicos. En el ámbito educativo, las niñas han sido privadas del acceso a la educación secundaria.
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