El Ministerio Público ha otorgado medidas sustitutivas de libertad a 973 detenidos en protestas poselectorales, pero las condiciones impuestas por el gobierno de Nicolás Maduro para liberar a los jóvenes detenidos han generado preocupación entre los familiares. Se ha denunciado que los excarcelados son obligados a grabar un video en el que deben afirmar que se les alimentó adecuadamente, que sus derechos humanos no fueron violados y que no sufrieron maltratos.
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha recibido informes de que los excarcelados son dejados en terminales de autobuses sin dinero, sin la posibilidad de hacer una llamada y en ocasiones, en la parte trasera de los terminales para evitar su localización. Además, se ha informado que son sacados en ambulancias para confundir a los familiares y a los medios de comunicación.
Los familiares han expresado su preocupación por la situación en la que se encuentran los excarcelados, muchos de los cuales han sido abandonados en condiciones precarias. La coacción para que no hablen sobre las condiciones de su reclusión ha sido denunciada por organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que ha instado al Estado a liberar a los detenidos arbitrariamente y a compensar los daños físicos y emocionales causados.
Por otro lado, la cifra de excarcelaciones anunciadas por la Fiscalía no coincide con la sumatoria de medidas sustitutivas de libertad otorgadas, lo que ha generado confusión. Mientras tanto, el Foro Penal ha informado que aún permanecen detenidos 1.687 civiles y 162 militares por razones políticas en Venezuela.
En medio de esta situación, la exigencia de transparencia y respeto por los derechos humanos de los detenidos políticos se mantiene vigente. Las organizaciones defensoras de los derechos humanos han llamado la atención sobre la importancia de garantizar la integridad de quienes han sido excarcelados y la necesidad de que el Estado respete sus derechos fundamentales.
