El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella contra la diputada Catalina Pérez por su presunta complicidad en el delito de fraude al Fisco en el caso Democracia Viva. Esta acción judicial se da en el marco de su relación con los convenios entre la fundación Democracia Viva, representada por su expareja Daniel Andrade, y la Seremi de Vivienda de Antofagasta, dirigida en ese momento por Carlos Contreras, exjefe de gabinete de Pérez.
Los principales imputados en este caso son Daniel Andrade, bajo arresto domiciliario total, y Carlos Contreras, en prisión preventiva en Antofagasta. Pérez ha defendido su inocencia, alegando desconocimiento de los detalles de los convenios y negando haber obtenido beneficios de los contratos. Tras el escándalo, renunció al Frente Amplio, quien previamente suspendió su militancia.
Además, el CDE interpuso una querella contra el suspendido fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, por la divulgación de información protegida por secreto en el caso Audios. Palma está siendo investigado por no denunciar conversaciones con Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Ángela Vivanco, relacionadas con un caso de tráfico de drogas.
Se han revelado chats que sugieren que Migueles habría ofrecido financiar un doctorado a Palma a cambio de su apoyo a la candidatura de José Morales como Fiscal Nacional. Palma también está acusado de proporcionar información confidencial al abogado Luis Hermosilla.
