La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ha expresado su preocupación y cuestionamiento sobre la investigación realizada por la Fiscalía de Antofagasta en relación con un posible caso de aborto en contra de la diputada Catalina Pérez (IND), en el marco del Caso Democracia Viva.
Orellana afirmó que en Chile no se puede seguir persiguiendo y criminalizando a las mujeres por temas relacionados con el aborto. En este sentido, hizo hincapié en la importancia de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como en su capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Por este motivo, la ministra ha anunciado el ingreso de un proyecto de ley para la legalización del aborto.
La ministra destacó que, según un estudio llevado a cabo por la Corporación Miles, entre 2012 y 2022, un total de 444 personas, en su mayoría mujeres, fueron investigadas por aborto en Chile. Además, más del 10% de los casos correspondían a abortos espontáneos.
Asimismo, Orellana señaló que estas investigaciones representan un alto costo para el Estado en términos de recursos como fiscales, diligencias y audiencias, para perseguir a mujeres que han tenido un aborto, ya sea espontáneo o en circunstancias complejas. Esto conlleva una mayor vulnerabilidad y afectación en la salud mental de las mujeres involucradas.
Por otro lado, la diputada Catalina Pérez ha criticado abiertamente a la Fiscalía por abrir una investigación en su contra por presunto aborto. En una declaración pública, Pérez denunció que, al no haber evidencia alguna que la incrimine en delitos como tráfico de influencias o fraude al fisco, se está buscando en sus registros médicos y ginecológicos una base para culparla, lo cual considera un exceso injustificado.
En medio de este debate, el proyecto de ley de legalización del aborto cobra relevancia como un paso hacia la protección de los derechos y la autonomía de las mujeres en Chile.
