La diputada Catalina Pérez ha levantado una denuncia por la filtración de una investigación en su contra por parte de la Fiscalía de Antofagasta, la cual está investigando un posible delito de aborto que no se ajusta a las tres causales permitidas por la ley. Su equipo legal ha presentado un reclamo formal ante la Fiscalía Nacional debido a la divulgación de estos detalles.
La revelación de esta investigación por parte del medio La Tercera ha generado un profundo malestar en la parlamentaria, quien ha expresado su descontento a través de sus redes sociales. En sus declaraciones, Pérez ha manifestado su indignación: “Se ha conocido en las últimas horas una investigación paralela de la Fiscalía que ha decidido buscar además en mi información ginecológica algún motivo para desaforarme. Me parece miserable”.
La diputada añadió que, al no existir pruebas que la incriminen por tráfico de influencias o fraude al fisco, ahora están buscando en sus registros médicos y ginecológicos un motivo para culparla. Este exceso ha sido calificado por ella como inaceptable.
Por otro lado, su abogado, Gonzalo Medina, ha presentado un reclamo ante la Fiscalía Nacional el sábado 18 de enero, argumentando que la confidencialidad de la investigación está respaldada por una disposición de la Corte Suprema en el Acta N° 44-2022, lo que impide el acceso a información a personas ajenas al caso.
Medina ha señalado que, como representante legal de la diputada Pérez, solicitó acceso al expediente pero le fue denegado, indicando que debe dirigir su solicitud directamente al Ministerio Público. Además, la causa actualmente no permite acceso al sistema virtual de la Fiscalía de Chile, lo que limita la obtención de los antecedentes de la investigación.
El abogado ha hecho hincapié en que diversos detalles sobre este caso han sido expuestos en la prensa, a pesar de que la investigación está bajo estricta reserva. Esta situación, según Medina, se suma a múltiples filtraciones de partes de la carpeta de investigación y antecedentes que solo deberían ser conocidos por el Ministerio Público, lo que representa un grave perjuicio no solo para su representada, sino también para el sistema judicial chileno.
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