Desmintiendo los vínculos de la diputada con Democracia Viva

El escándalo del Caso Democracia Viva estalló el 16 de junio de 2023, revelando millonarios convenios entre la ONG representada por Daniel Andrade, entonces pareja de la diputada Catalina Pérez (IND), y el Seremi de Vivienda de Antofagasta. Este último, Carlos Contreras, había sido jefe de gabinete de la legisladora en el pasado.

Ante las acusaciones, Pérez se desligó de los acuerdos que implicaron el traspaso de $426 millones a la fundación de Andrade, asegurando que no tenía participación en la firma de los convenios. Enfatizó que no toleraría que se le atribuyeran responsabilidades por actos cometidos por terceros.

En medio de la polémica, la diputada confirmó el fin de su relación con Andrade y afirmó que nunca formó parte de la Fundación Democracia Viva ni se benefició económicamente de ella.

A pesar de las declaraciones de Pérez y Andrade, la Fiscalía y la PDI iniciaron investigaciones sobre posibles tráficos de influencias. Su abogado defendió a la diputada, negando cualquier intervención de su parte en la obtención de convenios o contratos.

En noviembre de 2023, Catalina Pérez concedió una entrevista a La Tercera, reiterando su desconocimiento de las acciones de su expareja y de la fundación. Sin embargo, en abril del siguiente año fue citada por la Fiscalía en calidad de imputada, negando cualquier tráfico de influencias.

Recientemente, nuevos informes de la PDI señalan que Pérez estaba al tanto de las operaciones entre Democracia Viva y la Seremi de Vivienda. La diputada mantuvo su postura, reafirmando que no participó ni se benefició de los convenios.

El caso tomó un giro más desfavorable para Pérez en 2025, con el CDE presentando una querella en su contra por fraude al Fisco. Además, se enfrenta a un posible desafuero y enfrenta acusaciones respaldadas por conversaciones filtradas que sugieren una coordinación para enfrentar el escándalo.

Pese a la evidencia presentada, Catalina Pérez continúa defendiendo su postura de no haber participado en el fraude al Fisco ni en el tráfico de influencias. La legisladora reconoce el daño causado y su quiebre emocional, pero reafirma su inocencia en los hechos investigados.