Avance de la reforma previsional con la implementación del Seguro Social Betterado

El Gobierno celebró el día de ayer la aprobación unánime de la fórmula para la distribución del 8,5% de cotización adicional a cargo del empleador, un hito crucial en la largamente discutida reforma previsional. De dicho porcentaje, el 4,5% será destinado a la cuenta individual del trabajador, mientras que el 1,5% se dirigirá al nuevo Seguro Social como un “préstamo solidario”.

Tras la votación del proyecto en la Comisión de Trabajo del Senado, este fue remitido a la Comisión de Hacienda para su análisis durante el transcurso de esta semana. Entre los aspectos más destacados se encuentra la introducción del préstamo solidario y el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000.

La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, resaltó la importancia del progreso alcanzado para destrabar la reforma previsional, señalando que “Hoy hemos dado un paso fundamental para la reforma al sistema de pensiones de nuestro país”, haciendo hincapié en el acuerdo político logrado.

El Seguro Social establecerá que los trabajadores activos contribuyan con un 1,5% de su sueldo al Estado para financiar las pensiones de los jubilados actuales. Para acceder al beneficio, las mujeres deberán contar con al menos 10 años de cotizaciones, mientras que los hombres deberán tener 20 años de aportes. Por cada año cotizado, se garantizará 0,1 UF, reconociendo así el esfuerzo de cada trabajador.

Un punto crucial del acuerdo es que este aporte será reembolsado a través de un bono de reconocimiento, el cual será devuelto con intereses al trabajador al momento de jubilarse. Este bono contará con respaldo estatal, será heredable y estará protegido por un ente autónomo, similar al Banco Central, con el fin de evitar su manipulación por parte de los gobiernos en funciones.

A pesar de los avances logrados, el proceso legislativo enfrenta desafíos. El Partido Republicano bloqueó la unanimidad requerida para sesionar la próxima semana, lo que complica los plazos antes del receso parlamentario. Ante esta situación, el Gobierno evalúa la posibilidad de utilizar su facultad presidencial para forzar al Congreso a debatir la reforma.