Asamblea venezolana declaró como “enemigos públicos” a Iván Duque y Álvaro Uribe.
Este martes 21 de enero, la Asamblea Nacional del régimen de Nicolás Maduro, aprobó una declaración en la que se designa a los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque Márquez, como “enemigos públicos” de Venezuela.
En el comunicado, emitido durante una sesión extraordinaria, se les acusó de ser “paramilitares, narcotraficantes, fascistas y representantes de la ultraderecha internacional”.
Esta decisión se produce en un contexto de escalada de tensiones entre el régimen chavista y figuras políticas internacionales que han expresado su rechazo a Nicolás Maduro.
Los antecedentes de las acusaciones del régimen chavista
Álvaro Uribe, expresidente de Colombia y figura emblemática de la derecha en el país vecino, habría instado a la comunidad internacional a intervenir en Venezuela tras los resultados de las elecciones del 28 de julio de 2024.
En esos comicios, según datos del 85% de las actas electorales recuperadas por testigos opositores, Edmundo González obtuvo más de siete millones de votos, frente a los tres millones alcanzados por Maduro.
Uribe, desde la frontera colombo-venezolana, llamó a un movimiento internacional para facilitar la transición de poder hacia González, a quien la oposición y gran parte de la comunidad internacional reconocen como el presidente electo.
Por su parte, Iván Duque solicitó el pasado 20 de enero al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que declarara al régimen de Maduro como un patrocinador del terrorismo. Esta petición se fundamenta en las presuntas relaciones de la administración chavista con grupos armados y actividades ilícitas en la región.
En medio de este conflicto, la situación política en Venezuela sigue siendo tensa. A pesar de los resultados electorales que favorecen a Edmundo González, el régimen de Maduro se ha negado a reconocer la derrota y ha intensificado su discurso contra los líderes opositores y sus aliados internacionales.
La declaración contra Uribe y Duque se suma a una serie de acciones que buscan consolidar el poder del chavismo y desacreditar cualquier esfuerzo por facilitar una transición democrática en el país.
La comunidad internacional, por su parte, enfrenta el desafío de responder a la crisis venezolana sin agravar aún más las tensiones en la región, mientras crecen las demandas para que se tomen medidas contundentes en defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
