La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, ha tomado medidas drásticas a poco más de un mes de asumir su cargo. En conjunto con la Dirección de Obras Municipal, ha ordenado la paralización de las obras de la faena minera conocida como “La Carmelita”, ubicada en el sector Viejo de Colliguay. Este proyecto ha generado controversia debido a su rechazo por parte de la comunidad y a las preocupaciones en torno a sus impactos ambientales y falta de permisos adecuados.
A pesar de que el proyecto recibió la aprobación de Sernageomin en mayo de 2024, logró operar sin pasar por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, aprovechando vacíos legales. Sin embargo, tras fiscalizaciones realizadas en terreno en colaboración con organismos como CONAF, SAG y Carabineros, se han detectado numerosas irregularidades significativas.
Carolina Corti ha expresado que se han encontrado evidencias de construcción de caminos sin autorización, afectación a la flora y fauna nativa, y posibles intervenciones en quebradas que podrían tener un impacto negativo en los cursos de agua. En base a la Resolución N°1/2025, la alcaldesa ha confirmado la paralización del proyecto minero, con notificaciones enviadas a los representantes de la empresa a través de correo certificado y electrónico.
Entre las observaciones realizadas por las autoridades se encuentran las discrepancias entre las autorizaciones otorgadas por Sernageomin y las actividades llevadas a cabo en terreno, incluyendo el uso de maquinaria pesada y posibles riesgos de derrumbes que podrían poner en peligro a terceros.
El rechazo al proyecto por parte de la comunidad de Colliguay se basa en las preocupaciones sobre el daño potencial al ecosistema del valle, incluyendo la alteración de áreas protegidas y la destrucción de hábitats de flora y fauna nativa. CONAF ha informado que las obras carecen de planes de manejo ambiental y de autorizaciones clave de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Ante esta situación, Carolina Corti ha reafirmado el compromiso de su administración con el cumplimiento de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que les permite detener cualquier obra que viole las normativas vigentes. Su objetivo es proteger a los vecinos y preservar el ecosistema del valle.
