El Tribunal Constitucional ha dado inicio al proceso de destitución de la senadora socialista Isabel Allende, otorgando un plazo de diez días para que su defensa responda a esta decisión.
La solicitud de destitución fue presentada por parlamentarios de Chile Vamos y del Partido Republicano, en relación a la fallida venta de la vivienda de su padre al Estado para la creación de una casa museo.
Los legisladores basaron su requerimiento en el artículo 60 de la Constitución, el cual prohíbe a parlamentarios y ministros celebrar contratos con el Estado.
El Tribunal Constitucional acogió los requerimientos contra la senadora Allende, quienes solicitaron la declaración de cesación en su cargo, de acuerdo al artículo 121 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.
La defensa de la senadora Allende tiene un plazo de diez días para responder a la decisión del Tribunal Constitucional, según lo establecido por la institución.
El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, justificó el requerimiento presentado contra la senadora Allende, afirmando que es deber de los parlamentarios resguardar el Estado de Derecho en Chile, ya que nadie está por encima de la ley ni de la Constitución.
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