Legalización rechazada: Iglesia Templo de Satán en Chile

El Ministerio de Justicia rechazó la solicitud de legalización de la Iglesia Templo de Satán en Chile debido a que la agrupación es considerada contraria al “orden jurídico vigente”. Esta decisión se dio a conocer seis meses después de recibir la solicitud oficial, a través de la Resolución Excenta 3636.

La entidad denominada Iglesia Templo de Satán: Satanistas y Luciferinos de Chile no podrá constituirse como una organización religiosa de derecho público en el país, según lo establecido por el Ministerio de Justicia. La objeción se basa en que los fines, doctrina y actuaciones declarados en su estatuto no corresponden con el ordenamiento jurídico vigente, lo cual contraviene el orden público.

El Ministerio de Justicia argumentó que la Iglesia Templo de Satán promueve la autotutela y no descarta la existencia de algún sacrificio humano, simbólico o no, lo cual va en contra de las normas legales y podría propiciar conductas delictivas. Por tanto, el ministerio liderado por el ministro Jaime Gajardo no puede validar la existencia de un grupo que promueva ideas dañinas o peligrosas para la sociedad.

La Iglesia Templo de Satán en Chile, a diferencia de lo que su nombre podría sugerir, no adora al diablo ni a Satanás, sino que busca la racionalidad, el individualismo y la vida mundana. Inspirada en la Iglesia de Satán de Estados Unidos, la agrupación chilena defiende el respeto por los placeres mundanos y la libertad individual, en oposición a las imposiciones religiosas.

Para ser parte del Templo de Satán, los postulantes deben cumplir una serie de requisitos, incluyendo una entrevista personal, la revisión de sus antecedentes penales y una evaluación psicológica. Los miembros de esta organización se rigen por once reglas que definen su actuar, enfocadas en el respeto, la responsabilidad y la defensa de la libertad individual.

En resumen, la Iglesia Templo de Satán en Chile ha sido rechazada para su legalización por el Ministerio de Justicia debido a que se considera contraria al orden jurídico vigente y promueve ideas que podrían propiciar conductas delictivas. A pesar de su nombre, la agrupación busca la racionalidad, el respeto por la individualidad y la libertad de pensamiento.