La esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, María Alexandra Gómez, ha solicitado la intervención del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, en el caso de su esposo, quien se encuentra detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre. Gómez expresó en redes sociales la angustia de la familia por la falta de información sobre la situación de Gallo, detenido por el gobierno de Nicolás Maduro bajo la acusación de planear un supuesto atentado contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
El régimen venezolano ha señalado que Gallo es uno de los 125 extranjeros detenidos bajo sospecha de conspirar contra Rodríguez. El gobierno argentino ha calificado estas acusaciones como “falsas e infundadas” y ha exigido la liberación inmediata del gendarme.
Gallo fue arrestado por agentes de seguridad venezolanos al cruzar un paso fronterizo terrestre desde Colombia hacia Venezuela. Según sus familiares, su viaje tenía como objetivo visitar a su esposa e hijo. El gobierno argentino ha anunciado que continuará sus acciones contra Maduro ante la Corte Penal Internacional y otros foros internacionales, denunciando violaciones sistemáticas a los derechos humanos y abuso de poder.
En paralelo, en la Embajada de Argentina en Caracas, cinco opositores venezolanos permanecen asilados desde marzo. Uno de ellos, Omar González, ha denunciado que las autoridades venezolanas le han negado acceso a medicamentos esenciales para tratar una lesión crónica en el corazón, empeorando su situación de salud.
La familia de Gallo ha expresado su deseo de que se haga justicia y se aclare su situación, afirmando que él es inocente y que había ingresado legalmente a Venezuela con toda su documentación en regla. Mientras tanto, el gobierno argentino continúa presionando por la liberación del gendarme y denunciando las acciones del régimen de Maduro.
En medio de esta situación, la comunidad internacional sigue de cerca el caso de Nahuel Agustín Gallo y otros presos políticos en Venezuela, con la esperanza de que se respeten sus derechos y se garantice un proceso legal justo.
