El Comando ConVzla ha emitido un llamado a Estados Unidos para que mantenga el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los migrantes venezolanos. Esta solicitud surge después de que la administración de Donald Trump cancelara su extensión. En caso de que no sea posible la continuidad del TPS, el grupo aboga por la creación de un nuevo mecanismo que garantice la protección de los venezolanos que residen en EE. UU.
La agrupación opositora subraya que la mayoría de los venezolanos en el exilio buscan un refugio temporal hasta que sea posible regresar a un país libre. En este contexto, consideran esencial evaluar el riesgo para la seguridad y la integridad de aquellos que han huido del régimen debido a la persecución política.
El Comando ConVzla destaca que la inmensa mayoría de los venezolanos en EE. UU. son personas de bien que han contribuido al desarrollo de la nación con su talento, conocimientos e inversiones. Asimismo, resaltan que cientos de miles de venezolanos han escapado de la dictadura de Nicolás Maduro para contribuir legalmente a la economía estadounidense.
Además, el grupo muestra respeto hacia las decisiones del gobierno estadounidense contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua, originado en cárceles venezolanas. También manifiestan su disposición para colaborar con la administración Trump en la búsqueda de una solución favorable para todas las partes.
La revocación del TPS pone en peligro a más de 600.000 venezolanos que actualmente trabajan y residen legalmente en EE. UU., con un vencimiento programado para el próximo 10 de septiembre de 2025. La nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó esta decisión señalando que la administración anterior intentó forzar su mantenimiento, dejando al gobierno actual con las manos atadas.
En una manifestación reciente, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) expresó su deseo de que Washington revise sus políticas migratorias y busque las mejores condiciones para la protección de los venezolanos en Estados Unidos. Varios miembros políticos y partidos dentro de la PUD también han manifestado su oposición a esta medida, calificando la deportación de venezolanos con permiso legal como inadmisible.
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