La reforma de pensiones, recientemente aprobada por el Congreso Nacional y a la espera de ser publicada en el Diario Oficial, establece un cronograma para la implementación de los cambios. Dichos cambios no serán inmediatos, sino graduales, y se espera que comiencen a regir en marzo una vez promulgada la ley.
El cronograma incluye el aumento del 7% adicional de cotización con cargo al empleador, el incremento gradual de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y el pago de los nuevos beneficios creados con el Seguro Social. La implementación de estos cambios se realizará en etapas, siguiendo un plan detallado.
El aumento de la cotización adicional del 7% con cargo al empleador comenzará a aplicarse el primer día del quinto mes desde la publicación de la ley en el Diario Oficial. Este incremento se llevará a cabo de forma gradual durante un período de hasta nueve años, pudiendo extenderse a once años si la recaudación es menor a la proyectada.
El monto de la PGU aumentará de $224.004 a $250.000 de forma gradual en tres etapas, finalizando 30 meses después de la publicación de la ley. La distribución de la cotización adicional se detalla año por año, con un enfoque en la capitalización individual y otros beneficios asociados.
El Seguro Social comenzará a pagar la compensación a mujeres 10 meses después de la publicación de la ley, con el objetivo de equiparar las pensiones entre hombres y mujeres. También se implementará un bono por años cotizados, con un tope de 25 años y requisitos específicos para acceder a él.
La licitación del stock de afiliados de las AFP se llevará a cabo a partir de 2027, dos años y medio después de la publicación de la ley. Este proceso se repetirá cada dos años, beneficiando a los afiliados al disminuir los costos y permitir cambios de inversor en cualquier momento.
En resumen, la reforma de pensiones establece un plan detallado para la implementación de los cambios, que se llevarán a cabo de forma gradual y siguiendo un cronograma específico. Estas medidas buscan mejorar el sistema de pensiones en Chile y garantizar una mayor protección social para los ciudadanos.
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