La administración del presidente estadounidense Donald Trump anunció este lunes la cancelación del Estatuto de Protección Temporal (TPS) que brindaba protección contra la deportación a aproximadamente 350.000 venezolanos que residen en Estados Unidos.
Medios de comunicación en Estados Unidos habían anticipado la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de revocar esta protección migratoria para los venezolanos que han llegado en los últimos años, poniéndolos en riesgo de ser deportados en los meses venideros.
La orden de eliminación del TPS para los venezolanos fue publicada en la web del Gobierno y entró en vigencia de inmediato. Indica que los venezolanos que recibieron el TPS en 2023 quedarán desprotegidos a partir de la fecha de caducidad de este beneficio.
Según la orden, la revocación del TPS se debe a una revisión realizada por la secretaria del DHS, Kristi Noem, en la que se concluyó que este beneficio es contrario al interés nacional de Estados Unidos.
El TPS para los venezolanos permitía a más de 600.000 ciudadanos de Venezuela trabajar y residir legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, la administración de Trump canceló una prórroga del TPS que se había aprobado hasta octubre de 2026.
El TPS es un beneficio otorgado a ciudadanos de países específicos que han llegado a Estados Unidos debido a desastres naturales o conflictos bélicos, permitiéndoles residir y trabajar en el país hasta que puedan regresar de forma segura a su lugar de origen.
La información sobre la cancelación del TPS surge en un momento en el que Venezuela se ha comprometido a encargarse del transporte y acogida de sus ciudadanos deportados desde Estados Unidos.
La semana pasada, Ric Grenell, enviado especial de Trump, visitó Caracas y se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores, en un intento por lograr la liberación de seis ciudadanos. Estados Unidos no reconoce a Maduro como presidente.
Durante su primer mandato, Trump intentó eliminar protecciones migratorias para personas de varios países, como Haití, El Salvador y Sudán. Sin embargo, algunos de estos intentos fueron bloqueados por los tribunales federales.
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