El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha levantado una fuerte denuncia contra la imposición de prácticas religiosas a los denominados «presos políticos» en una cárcel ubicada en el estado Aragua, al norte de Venezuela. Según la organización no gubernamental, estas personas están siendo obligadas a participar en actividades religiosas evangélicas, lo que consideran un atentado contra la libertad de pensamiento y conciencia, derechos consagrados en la Constitución venezolana.
De acuerdo con el OVP, los detenidos en la prisión de Tocorón son sometidos a lo que califican como «adoctrinamiento religioso», una práctica que, según denuncias de familiares, incluye amenazas y represalias para quienes se nieguen a participar. Entre las sanciones mencionadas se encuentran restricciones en las visitas y aislamiento, medidas que agravan aún más la situación de vulnerabilidad de los internos.
Un caso que ha generado especial indignación ocurrió el pasado 31 de diciembre, cuando los presos fueron obligados a escuchar música cristiana durante horas sin interrupción. Aquellos que expresaron su negativa fueron amenazados con castigos, según indicó el OVP. Humberto Prado, director de la organización, condenó estas acciones y señaló que «no se puede obligar a nadie a adoptar una creencia bajo presión, menos aún cuando están en una situación de total vulnerabilidad». Asimismo, calificó como inaceptable que, además de las condiciones inhumanas en las que se encuentran detenidos, ahora se les intente imponer una doctrina religiosa.
Ante esta situación, familiares de los presos han solicitado la intervención de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). El OVP se ha sumado a este llamado y exige al gobierno venezolano garantizar el respeto a la libertad de culto y poner fin a cualquier práctica coercitiva relacionada con la religión.
La polémica se intensifica tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre un acuerdo entre iglesias del país y el Ministerio de Servicio Penitenciario para difundir «el mensaje» de Jesucristo en las cárceles. Según Maduro, esta iniciativa busca «construir el camino de la redención». Además, el gobierno creó recientemente el Viceministerio de las Instituciones Religiosas y Cultos, adscrito al Ministerio del Interior y Justicia, lo que ha generado preocupación en sectores que defienden la libertad religiosa.
La Constitución venezolana establece claramente que el Estado debe garantizar la libertad de religión y culto, permitiendo a cada persona profesar su fe y manifestar sus creencias de forma pública o privada. Sin embargo, las denuncias del OVP ponen en entredicho el cumplimiento de este principio fundamental en un país donde los derechos humanos han sido objeto de constantes cuestionamientos por parte de organizaciones nacionales e internacionales.
La situación en Tocorón y otras cárceles del país plantea serias interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos en Venezuela y abre un nuevo frente de debate sobre la separación entre el Estado y las instituciones religiosas. Mientras tanto, los presos políticos y sus familias continúan enfrentando un panorama incierto marcado por denuncias de abusos y violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales.
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