El gobierno del expresidente Donald Trump ha oficializado la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para 348.202 venezolanos, quienes podrían enfrentar deportación a partir del 7 de abril, según una orden publicada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el Registro Federal.
La medida afecta exclusivamente a los venezolanos que obtuvieron este estatus en 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, justificó la decisión argumentando que mantener la protección a estos ciudadanos es «contrario al interés nacional». No obstante, esta orden no afecta a quienes recibieron el TPS en 2021, cuyo estatus seguirá vigente hasta el 10 de septiembre.
El documento oficial reconoce que algunas condiciones en Venezuela, como la crisis económica y social, persisten, pero señala «mejoras notables» en áreas como la economía, la salud pública y la delincuencia. Según el DHS, estas mejoras permitirían el retorno seguro de los beneficiarios a su país de origen.
La orden también menciona preocupaciones relacionadas con la política exterior y la seguridad pública. En este sentido, el DHS señala un «nexo potencial» entre algunos migrantes y actividades criminales, citando específicamente la presencia de miembros de la banda venezolana conocida como el Tren de Aragua. Además, argumenta que el TPS ha permitido que una población significativa de extranjeros inadmisibles o ilegales permanezca en Estados Unidos sin posibilidad de regularizar su estatus migratorio.
Sin embargo, organizaciones como Amnistía Internacional han rechazado esta decisión. Según la ONG, los beneficiarios del TPS son personas que buscan seguridad tras huir de una grave crisis humanitaria y represión política en Venezuela. Por su parte, expertos en migración han subrayado la importancia de analizar cada caso individualmente, ya que muchos podrían estar protegidos por otros mecanismos legales o a la espera de resoluciones en cortes de asilo.
Antes de abandonar su cargo, el presidente Joe Biden extendió el programa TPS por 18 meses, beneficiando a cerca de 600.000 venezolanos que escaparon de la crisis política y económica en su país. Esta extensión también incluyó a ciudadanos de El Salvador, Sudán y Ucrania.
Durante su primer mandato, Trump intentó finalizar el TPS para varios países, pero enfrentó desafíos legales que impidieron implementar sus planes. Ahora, esta nueva decisión reaviva las tensiones sobre el futuro de miles de migrantes que buscan estabilidad en Estados Unidos.
La eliminación del TPS para miles de venezolanos genera incertidumbre y preocupación entre las comunidades afectadas. Mientras algunos expertos sugieren explorar vías legales alternativas para evitar la deportación, otros critican la medida como una acción que ignora las condiciones críticas que persisten en Venezuela.
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