El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha denunciado que más de 200 personas continúan privadas de libertad en Venezuela tras los hechos ocurridos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Estas personas se encuentran recluidas en centros penitenciarios como Tocorón y Tocuyito, lugares donde, según la organización, sobreviven en condiciones inhumanas que violan sus derechos fundamentales.
De acuerdo con el OVP, las excarcelaciones en estos centros han sido extremadamente limitadas, ocurriendo “a cuentagotas”.
La ONG señala que los detenidos son víctimas de torturas, aislamiento prolongado y tratos degradantes por parte de las autoridades penitenciarias.
Además, los presos políticos que llevan más de seis meses encarcelados permanecen encerrados en celdas sin acceso a luz solar ni a actividades recreativas, educativas o deportivas.
Condiciones precarias y violaciones sistemáticas de derechos humanos
La alimentación que reciben los detenidos es insuficiente y no cumple con los requerimientos calóricos diarios necesarios, lo que pone en riesgo su salud.
Asimismo, carecen de acceso a atención médica adecuada y especializada, y no tienen agua potable, lo que agrava aún más su situación. Estas condiciones representan una clara violación de los derechos humanos reconocidos internacionalmente.
Los familiares de los detenidos enfrentan serias restricciones para visitarlos. En muchos casos, solo se les permite un breve contacto y, cada semana, las limitaciones para el ingreso de alimentos y otros suministros esenciales aumentan. En algunos casos extremos, las visitas están completamente prohibidas.
Liberaciones sin garantías ni justicia
La incertidumbre es una constante para los detenidos y sus familias. Las excarcelaciones, cuando ocurren, se realizan sin previo aviso.
Según el OVP, las personas liberadas son sacadas de noche o de madrugada y abandonadas en terminales o carreteras sin medios para comunicarse ni transportarse.
A quienes son liberados bajo medidas cautelares se les impone el silencio: no pueden denunciar los abusos sufridos durante su reclusión, y sus familias tampoco, bajo amenaza de revocación de dichas medidas.
Un llamado a la justicia
El Observatorio Venezolano de Prisiones ha señalado que estas prácticas forman parte de una estrategia sistemática del régimen de Nicolás Maduro para perseguir y amedrentar tanto a los presos políticos como a sus familias.
La organización asegura que continuará documentando estos abusos e interponiendo acciones legales tanto a nivel nacional como internacional. Además, exigen la liberación inmediata y sin restricciones de todos los presos políticos.
“Habrá justicia”, concluye el OVP, reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en Venezuela.
