Miles de venezolanos en el limbo por suspensión del Estatus de Protección Temporal en EEUU.
Entre los migrantes latinoamericanos que hoy temen perder lo que han podido construir en EE.UU., en medio del plan del presidente Donald Trump para expulsar a millones de extranjeros en situación irregular, se cuentan alrededor de 814.000 venezolanos en distintas situaciones legales.
La mayoría de ellos llegaron a la nación norteamericana para trabajar. Hoy, la angustia los consume y temen ser expulsados del país, después de la suspensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), que expirará el próximo 7 de abril. La medida les permitía obtener un documento de autorización para el empleo, así como una autorización de viaje, y les aseguraba que no sean expulsados del país.
A la luz de las polémicas declaraciones del actual Gobierno de que los migrantes indocumentados en su mayoría son delincuentes, los más de 300.00 venezolanos a los que les fue revocados este permiso fueron calificados por el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. como integrantes de la banda delictiva Tren de Aragua.
La situación es una estrategia política para «dividir» y «criminalizar» a los venezolanos y recuerda la decisión de Washington en 2017 de eliminar el TPS a El Salvador bajo el precepto de que todos ciudadanos pertenecían a pandillas, señala Doris Landaverde, coordinadora de la Alianza Nacional TPS, que lucha y defiende a la comunidad bajo ese estatus.
«Están sembrando odios en esta nación, están separando familias. Necesitamos que por favor reflexionen sobre cómo están mirando a Latinoamérica, cómo están mirando a los latinos. Somos una nación que trabaja, que se esfuerza, que paga sus impuestos y no estamos aquí para hacerle daño a nadie», afirma un migrante venezolano que lleva siete años en EE.UU.
En el limbo queda otro grupo de venezolanos, cuyo TPS vence en septiembre de 2025. No saben cuál será su destino. Distintas organizaciones que trabajan con el tema aseguran que pueden defenderse. Al respecto, el abogado Francisco Artigas piensa que, al ser una política de Estado, es difícil que esta nueva directriz antiinmigrantes sea revocada por un juez, por un tribunal o por una corte norteamericana.
Las deportaciones de Trump han dejado escalofriantes imágenes de personas viajando esposadas a sus países de origen o siendo trasladadas a la base militar de Guantánamo. Un claro mensaje de discriminación, ante el que el mundo y las organizaciones multilaterales permanecen en silencio.
Fuente: RT
