Los venezolanos amparados bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) designado en 2023 se encuentran en estado de incertidumbre y preocupación ante la orden emitida por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) que pone fin a este beneficio el próximo 7 de abril.
María de Fátima Rodrigues, una ingeniera industrial, expresa sentir ansiedad desde que el presidente Donald Trump tomó la decisión: “Me siento muy mal por la incertidumbre de no saber qué va a pasar, he llorado por el miedo de regresar a Venezuela”, confesó a TalCual.
Ante la incertidumbre, Rodrigues ha consultado a abogados de inmigración para explorar opciones que le permitan permanecer en Estados Unidos. Aunque le han aconsejado esperar, ya tiene una cita programada para la segunda semana de febrero.
El abogado de inmigración Aníbal Romero insta a los migrantes a seguir luchando por sus casos, destacando la importancia de buscar asesoramiento profesional y ser persistentes en el proceso legal.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que no es de interés nacional permitir que los ciudadanos venezolanos con TPS permanezcan en Estados Unidos. Sin embargo, la decisión no afecta a aquellos que obtuvieron el beneficio en 2021, cuya protección se extiende hasta el 10 de septiembre.
A pesar de las mejoras notables en Venezuela en áreas como la economía, la salud pública y la seguridad, Rodrigues discrepa con la idea de un retorno seguro, ya que sigue siendo el sostén económico de su madre enferma en su país natal.
Romero recuerda que aquellos con protección en Estados Unidos pueden solicitar asilo durante el primer año de estadía, con posibles excepciones más allá de ese plazo. La incertidumbre y el temor siguen presentes en la comunidad venezolana mientras esperan definiciones sobre su futuro en suelo estadounidense.
