El Gobierno de Chile, a través de su ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ha reiterado su disposición a tomar medidas legales contra el régimen venezolano si se confirma su implicación en el asesinato del disidente Ronald Ojeda, un exmilitar que había obtenido asilo político en territorio chileno.
Gajardo calificó el caso como un posible «crimen político» y aseguró que se trataría de un hecho «gravísimo» con serias repercusiones en el ámbito jurídico y diplomático.
Durante una entrevista concedida a Europa Press en la Embajada de Chile en Madrid, Gajardo subrayó que el Gobierno chileno está preparado para explorar todas las vías legales posibles, tanto a nivel nacional como internacional, en caso de que las investigaciones confirmen las sospechas de la Fiscalía. Estas apuntan a que Diosdado Cabello, vicepresidente venezolano y figura clave del chavismo, podría haber ordenado el asesinato de Ojeda.
«Si las hipótesis de la Fiscalía se confirman, no solo estamos hablando de un homicidio, sino de un crimen político perpetrado en territorio chileno por encargo de una alta autoridad de un gobierno extranjero», explicó Gajardo. En este sentido, el ministro aseguró que Chile podría recurrir al Tribunal Penal Internacional y a otras instancias internacionales para buscar justicia.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Gajardo hizo un llamado a la prudencia, recordando que el caso aún se encuentra en una fase judicial preliminar y que las vinculaciones con Cabello son, hasta el momento, conjeturas basadas en las investigaciones iniciales. «Lo más serio es actuar con cautela y respaldar las investigaciones serias y profesionales que está llevando a cabo la Fiscalía», señaló.
El caso ha generado conmoción, especialmente por las circunstancias del asesinato. Ronald Ojeda fue hallado muerto en febrero de 2024 en la comuna de Maipú, a las afueras de Santiago. Su cuerpo fue encontrado dentro de una maleta enterrada bajo una estructura de cemento, tras haber sido secuestrado por hombres encapuchados que fingieron ser policías. Según la Fiscalía chilena, el asesinato podría estar vinculado al grupo criminal ‘Los Piratas’, quienes habrían actuado bajo órdenes directas de Cabello.
Ojeda, exmilitar venezolano, fue arrestado en 2017 junto a otros oficiales bajo acusaciones de conspirar contra el presidente Nicolás Maduro. Posteriormente logró escapar de prisión y se exilió en Chile, donde obtuvo asilo político en 2023. Mientras tanto, en Venezuela se le acusaba de traición a la patria.
Este caso no solo pone de manifiesto los riesgos que enfrentan los disidentes venezolanos en el exilio, sino que también agrava la ya tensa relación entre Chile y Venezuela. Ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras las controvertidas elecciones presidenciales venezolanas de julio pasado, donde Nicolás Maduro fue declarado vencedor en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, liderada por Edmundo González.
Chile ha sido uno de los países más críticos con el régimen de Maduro y rechazó categóricamente los resultados electorales. Sin embargo, hasta ahora no ha reconocido oficialmente a González como presidente electo, una postura que sí han adoptado otros gobiernos sudamericanos. Jaime Gajardo reafirmó esta posición durante su entrevista: «No podemos reconocer a Maduro como una elección legítima, pero estamos abiertos a explorar otros caminos en el futuro».
El caso Ronald Ojeda amenaza con profundizar aún más la crisis diplomática entre ambos países, mientras Chile evalúa cómo proceder frente a lo que podría ser uno de los casos más delicados en materia de derechos humanos y justicia internacional en los últimos años.
Por Europa Press
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