La Corte Suprema de Brasil se encuentra en la tarea de evaluar si llevará a juicio al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien fue imputado el martes por intento de golpe de Estado en 2022, un acontecimiento que ha conmocionado a la mayor democracia de América Latina.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha presentado cargos contra Bolsonaro y 33 colaboradores, entre ellos exministros y altos mandos militares, por incitar y llevar a cabo actos en contra del Estado de Derecho. Se acusa al expresidente, líder de la oposición de derecha en Brasil, de encabezar una organización criminal que también contempló un plan para asesinar al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro, de 69 años y exjefe de Estado entre 2019 y 2022, enfrenta principalmente acusaciones por “golpe de Estado”, “tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho” y “organización criminal armada” con el objetivo de impedir la asunción de Lula tras las elecciones de finales de 2022. En caso de ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 40 años de prisión según el Código Penal.
Hasta el momento, no se ha producido ninguna reacción oficial por parte del gobierno del presidente Lula. La defensa de Bolsonaro ha expresado su sorpresa e indignación ante lo que consideran una acusación inepta, afirmando que no se ha encontrado ningún elemento que vincule al expresidente con la narrativa construida por la fiscalía.
Bolsonaro, quien niega las acusaciones y se considera perseguido por la justicia, había anticipado el anuncio de la fiscalía el martes declarando en Brasilia que no le preocupaba la posibilidad de ser imputado. A pesar de estar inhabilitado hasta 2030 por haber mentido sobre el sistema de votación, confía en revertir su situación y presentarse a las elecciones de 2026, contando con el apoyo de su aliado, el expresidente estadounidense Donald Trump.
Entre los imputados se encuentran el exministro de Defensa y candidato a vicepresidente con Bolsonaro, Walter Braga Netto; el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres, y Mauro Cid, ex mano derecha del expresidente, quien cuenta con un acuerdo de colaboración premiada.
La Fiscalía sostiene que la organización tenía como objetivo permanecer en el poder o regresar a él por la fuerza, desafiando el resultado de la voluntad popular en las urnas. En concreto, Bolsonaro discutió la elaboración de un decreto presidencial para justificar la necesidad de un estado de defensa que evaluara la validez del proceso electoral.
La imputación, basada en una investigación policial de más de dos años, ahora queda en manos de la Corte Suprema. El juez a cargo, Alexandre de Moraes, deberá otorgar un plazo para que la defensa plantee posibles cuestionamientos antes de analizar los argumentos de las partes, para luego determinar si los imputados serán llevados a juicio.
Expertos legales esperan que Bolsonaro continúe el proceso en libertad, ya que, según el abogado penalista Leonardo Pantaleao, no se vislumbra la posibilidad de que sea encarcelado preventivamente, al no cumplir con los requisitos necesarios.
