El Gobierno chileno ha sido objeto de críticas y controversias en febrero, esta vez en relación con el manejo fiscal, luego de que se revelara un reportaje de The Clinic que detalla las millonarias transferencias realizadas por la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) al Tesoro Público en 2023, a petición del Ministerio de Hacienda.
En total, estas transferencias ascendieron a US$3,4 billones, lo que representa el 4,5% del presupuesto nacional para ese año. La última vez que se había tomado una medida similar fue en 2020, durante la pandemia de COVID-19, pero en esa ocasión el monto solicitado por el entonces presidente Sebastián Piñera fue de US$1.000 millones.
Estas transferencias se realizaron en diferentes pagos, uno de ellos por cerca de US$2.000 millones en cinco cuotas en febrero, y otro de US$1.500 millones en noviembre. Parte de estos fondos provinieron de los excedentes generados por los contratos de explotación del litio, mientras que el resto se obtuvo del patrimonio de la corporación invertido en el mercado financiero.
El último pago de US$1.500 millones no fue aprobado por el vicepresidente de Corfo, José Miguel Benavente, quien argumentó que implicaba una reducción de los fondos patrimoniales esenciales para el funcionamiento a largo plazo de la Corporación. Ante esta situación, Carlos Álvarez, gerente de administración y finanzas, propuso realizar los pagos en cuotas para evitar un impacto mayor en el patrimonio.
El Ministerio de Hacienda se comprometió a establecer un límite en el gasto de los excedentes del litio a partir de 2024 y a utilizarlos como un motor de transformación productiva para el país.
Tras la publicación del reportaje, el Ministerio de Hacienda emitió una declaración pública en la que aseguraba que no se habían cometido ilegalidades en las transferencias de Corfo. Señalaron que estas medidas estaban enmarcadas en la legislación vigente y que la información era pública y accesible a través del sitio web de la Dipres.
Por otro lado, el ministro de Economía, Nicolás Grau, descartó irregularidades en las operaciones y defendió el uso de los fondos para abordar las necesidades del país, tanto sociales como productivas.
Las críticas por estas transferencias no se hicieron esperar desde la oposición. Candidatos presidenciales como Evelyn Matthei y José Antonio Kast expresaron su preocupación por el manejo de los recursos públicos y exigieron investigaciones para determinar posibles responsabilidades.
Raimundo Palamara presentó una denuncia ante Contraloría solicitando un pronunciamiento sobre las transferencias y la abstención de un segundo traspaso de fondos. En respuesta, Contraloría anunció una investigación especial para esclarecer posibles afectaciones patrimoniales y destinos de los recursos involucrados.
En resumen, las transferencias de Corfo al Tesoro Público han generado controversia en Chile, con críticas desde la oposición y una investigación especial en marcha para determinar la legalidad y el destino de estos millonarios traspasos.
