El reconocido abogado argentino Gregorio Dalbon ha presentado pruebas contundentes que formarán parte de una denuncia contra el presidente Javier Milei, acusándolo de estar involucrado en una presunta estafa relacionada con criptomonedas.
El pasado 14 de este mes, el mandatario promocionó a través de sus redes sociales X e Instagram la criptomoneda $Libra, lo que provocó un aumento en el valor de los tokens (activos digitales), seguido de un brusco desplome que resultó en importantes pérdidas para quienes participaron en las operaciones, mientras que unos pocos obtuvieron ganancias millonarias en dólares.
Ante la polémica desatada, el presidente eliminó los mensajes y declaró que se trataba de un supuesto emprendimiento privado en el cual no estaba involucrado.
Diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales han cuestionado la conducta del jefe de Estado, quien enfrenta acusaciones tanto en Argentina como en Estados Unidos.
En una reciente declaración, Dalbon reveló que, con la ayuda de expertos, logró rastrear las direcciones públicas de las billeteras que controlan los fondos de $Libra, las cuales llevan la etiqueta de Milei, Milei Cata y VladMilei, solicitando la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia. Asimismo, el abogado envió toda la información recopilada al fiscal federal Eduardo Taiano, designado por la jueza María Servini para el caso.
El día anterior, Taiano imputó a Milei por presuntos delitos que podrían interpretarse como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, ordenando las primeras medidas de prueba.
La investigación penal está en curso, con solicitudes de información dirigidas a entidades y empresas como el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Inspección General de Justicia y Google.
Según información del diario Página 12, entre las personas investigadas se encuentran los empresarios Hayden Mark Davis y Julian Peh, responsables de la creación y lanzamiento de la criptomoneda; Mauricio Novelli y Manuel Terrones, quienes actuaron como intermediarios con el gobierno, y Sergio Daniel Morales, asesor del directorio de la CNV.
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