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Investigación de la Contraloría sobre el “Acuerdo por Valparaíso” tras denuncia de Fundación Defendamos la Ciudad.

## La Contraloría General de la República investiga el “Acuerdo por Valparaíso”

La Contraloría General de la República ha iniciado una investigación sobre la legalidad del “Acuerdo por Valparaíso”, un documento que ha generado controversia en la región. Esta investigación fue motivada por una presentación realizada por Jorge Bustos, director ejecutivo de la Fundación Defendamos la Ciudad, quien expresó sus preocupaciones sobre la transparencia y legalidad de este acuerdo.

En respuesta a esta presentación, la División Jurídica de la Contraloría emitió varios oficios con Referencia N° OAR 50.736/25, fechados el 21 de febrero de 2025. En estos oficios, se solicitó a la Gobernación Regional, la Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) y la Municipalidad de Valparaíso que entregaran informes jurídicos detallados que respondieran a las observaciones planteadas por Bustos.

“Es esencial que cualquier acuerdo que involucre a entidades públicas y privadas cumpla con los principios de imparcialidad y ética administrativa”, declaró el director ejecutivo de Defendamos la Ciudad. Esta declaración resalta la importancia de garantizar la transparencia y legalidad en todos los acuerdos que afecten a la comunidad.

En este sentido, la Contraloría ha planteado que la participación del alcalde y del Gobernador Regional en la firma del acuerdo podría comprometer la objetividad de sus decisiones, especialmente en el contexto de la evaluación ambiental del proyecto TCVAL que está en tramitación. Esto ha generado preocupación sobre posibles conflictos de interés y la necesidad de asegurar la imparcialidad en la toma de decisiones.

Las entidades mencionadas tienen un plazo de 10 días hábiles administrativos para responder a los cuestionamientos planteados por la Contraloría. Este proceso de revisión y análisis podría tener un impacto significativo en el futuro del “Acuerdo por Valparaíso”, el cual fue suscrito hace más de un año con el objetivo de ampliar la actividad portuaria en la ciudad.

Cabe recordar que este acuerdo fue firmado por la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV), el Gobierno Regional y la Municipalidad de Valparaíso. Su objetivo principal era impulsar el desarrollo portuario y económico de la región, sin embargo, las dudas sobre su legalidad y transparencia han generado un debate público en torno a su implementación.

En conclusión, la investigación de la Contraloría sobre el “Acuerdo por Valparaíso” pone en relieve la importancia de garantizar la legalidad y transparencia en los acuerdos que afectan a la comunidad. Este proceso de revisión y análisis será crucial para determinar si el acuerdo cumple con los principios éticos y administrativos necesarios para su validez. La ciudadanía estará atenta a los resultados de esta investigación y a las posibles implicaciones que pueda tener en el futuro de Valparaíso.

El Vinotinto

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