El colapso de los servicios públicos en Venezuela ha llevado a que la mayoría de los usuarios de Internet y telefonía opten por soluciones privadas para garantizar una conexión estable. Según un estudio reciente del Observatorio del Gasto Público de Cedice Libertad, el 72% de los encuestados ha contratado un proveedor privado debido a las continuas fallas en los servicios estatales.
El informe, basado en una encuesta digital aplicada a 2.300 personas en todo el país, reveló que las interrupciones en las telecomunicaciones afectan tanto el trabajo como la educación y otras actividades esenciales. De los encuestados, el 73% reportó haber experimentado averías en su servicio de Internet o telefonía fija en el último mes. Entre ellos, el 55% afirmó que los problemas persisten por más de seis meses sin recibir soluciones por parte de las empresas responsables.
Ante la falta de respuestas oficiales, los usuarios han optado por contratar servicios privados, cuyos costos oscilan entre 20 y 60 dólares mensuales, dependiendo de la velocidad y estabilidad de la conexión. Sin embargo, esta migración a servicios privados no es accesible para todos los ciudadanos, lo que agrava la brecha digital en el país.
El estudio también reveló que el 60% de los encuestados denunció intentos de cobro de tarifas extraoficiales para agilizar procesos de reconexión y mantenimiento de los servicios públicos. Algunos usuarios reportaron que estos pagos se exigen incluso para resolver problemas básicos como la instalación de líneas telefónicas o la activación de planes de Internet en Venezuela.
Además, las fallas en el suministro eléctrico agravan la crisis de las telecomunicaciones, ya que las constantes interrupciones de energía afectan el funcionamiento de las antenas de transmisión, generando desconexiones prolongadas en varias regiones.
Según el estudio, los estados con mayores reportes de fallas en telecomunicaciones en enero fueron Mérida, Táchira, Bolívar, Nueva Esparta y Zulia. En estas entidades, los usuarios señalaron que los cortes de Internet y telefonía fija son recurrentes y que, en muchos casos, los servicios permanecen inactivos por semanas. En el caso de las zonas rurales, la situación es aún más crítica, ya que los habitantes dependen mayormente de servicios estatales que presentan fallas constantes sin alternativas accesibles para migrar a opciones privadas.
Ante la crisis del sector de las telecomunicaciones, el informe del Observatorio del Gasto Público plantea varias estrategias para mejorar la prestación de los servicios en Venezuela. Entre las propuestas destacadas se encuentran:
El informe también reflejó que el 68% de los encuestados sufrió apagones durante las horas de mayor actividad, lo que afecta el funcionamiento de comercios, bancos, escuelas y hospitales. La falta de electricidad obliga a los ciudadanos a destinar entre 20 y 30 dólares adicionales al mes para cubrir las deficiencias mediante el alquiler o compra de plantas eléctricas y baterías.
Las entidades con mayores reportes de fallas eléctricas en enero fueron Zulia, Bolívar, Yaracuy, Falcón y Mérida. Durante el mes, se registraron 54.029 interrupciones del servicio en todo el país, lo que representó un aumento de 1,54% respecto a diciembre. Además, el 44% de los encuestados afirmó haber sufrido daños en dos o más electrodomésticos debido a variaciones en la intensidad eléctrica.
Las propuestas del estudio para mejorar la crisis eléctrica incluyen diversificar las fuentes de energía, repotenciar el conocimiento técnico del personal encargado del sistema eléctrico y reformular el esquema tarifario para garantizar mayor inversión en mantenimiento.
La crisis de los servicios públicos en Venezuela también se extiende al suministro de agua potable. En enero, el 86% de los encuestados afirmó que el agua que llegó a sus hogares estaba más sucia y tenía peor olor que en meses anteriores. Además, el 70% denunció la presencia de sedimentos y sabores extraños, lo que generó un incremento en enfermedades estomacales.
Las entidades más afectadas fueron Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Aragua y Lara, donde los ciudadanos deben recurrir a la compra de agua embotellada o a la instalación de sistemas de filtrado privados, lo que representa un costo adicional para muchas familias.
El informe también reveló que el 87% de la población depende del gas en bombona para cocinar. Sin embargo, la distribución del gas licuado de petróleo se mantiene bajo un esquema manual y presenta constantes retrasos. Al menos el 80% de los encuestados aseguró que no existen canales efectivos para denunciar irregularidades en la distribución del gas, mientras que el 33% solicitó la instalación de gas directo sin obtener respuesta. Algunos proveedores ofrecen el servicio a tarifas que oscilan entre 100 y 200 dólares, un costo inaccesible para muchas familias.
La crisis ha llevado a que el 12% de los encuestados recurra al uso de leña o carbón para cocinar, lo cual representa un aumento respecto a meses anteriores, cuando esta cifra se ubicaba en el 7%. Los estados con mayor escasez de gas en bombona fueron Miranda, Apure, Guárico, Yaracuy y Anzoátegui.
Con información de El Nacional.
Este articulo destaca la situación actual de los servicios públicos en Venezuela y cómo la población se ve obligada a recurrir a alternativas privadas para suplir las deficiencias del estado. Además, se proponen soluciones para mejorar la prestación de estos servicios y paliar la crisis que afecta a la población venezolana.
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