Este lunes, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que prohíbe a condenados por delitos sexuales renovar o solicitar licencia de conducir profesional. Esta iniciativa, que modifica la Ley de Tránsito, introduce requisitos adicionales para obtener licencias de conducir de las clases A-1, A-2 y A-3, incluyendo la obligación de acreditar la ausencia de antecedentes relacionados con delitos de carácter sexual.
Para cumplir con esta normativa, se requerirá un certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas. Aquellas personas que hayan sido condenadas por violación, estupro, delitos sexuales relacionados, explotación sexual comercial o material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, quedarán inhabilitadas para obtener licencias de conducir profesional.
Esta ley también prohíbe a los condenados por delitos sexuales desempeñarse en cualquier modalidad de servicios de transporte público de pasajeros. En caso de incumplimiento, se procederá a la cancelación de la licencia de conducir.
Además, se establece que el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros debe ser de acceso público y contar con información actualizada. Los operadores de servicios de transporte público deberán exigir semestralmente la acreditación correspondiente que demuestre que sus conductores cumplen con esta normativa, a través de un certificado de antecedentes.
Tras la aprobación de esta ley, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, celebró la medida a través de sus redes sociales, destacando que esta iniciativa brinda mayor seguridad a los pasajeros del transporte. Según sus palabras, esta ley representa un avance en la consideración de los delitos sexuales como un tema de seguridad pública.
En resumen, la nueva ley que prohíbe a condenados por delitos de carácter sexual trabajar en el transporte público busca garantizar la integridad y seguridad de los usuarios, así como prevenir situaciones de riesgo. Esta medida representa un paso importante en la protección de la ciudadanía y en la promoción de un ambiente seguro y confiable en el transporte público.
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