Este martes se llevó a cabo el desalojo de la toma Lajarilla en Viña del Mar, específicamente en el sector de Reñaca Alto, lo que ha generado tensión en la comunidad debido a que más de 80 familias se vieron obligadas a abandonar los terrenos que ocupaban.
Según declaraciones del delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme, el desalojo se realizó de manera pacífica, con el apoyo de las fuerzas públicas y bajo mandato de los tribunales de justicia. Todas las personas que ocupaban el terreno fueron retiradas de forma ordenada y se les ha ofrecido apoyo por parte de la municipalidad y otros servicios públicos, incluyendo albergues y dispositivos sociales para resguardar sus derechos y brindarles asistencia en esta situación.
Sin embargo, las familias desalojadas afirman que buscan negociar con el dueño de los terrenos, José Massú, quien según ellos había donado parte de la tierra en la que se encontraba la toma. Alegan que Massú vendió posteriormente el terreno para evadir responsabilidades, lo que ha generado un conflicto entre las partes involucradas.
El abogado de los habitantes de la toma Lajarilla, Gustavo Burgos, ha criticado la falta de medidas adecuadas para los afectados, señalando que solo se ha habilitado un gimnasio y una casa en Nuevo Norte con capacidad para 30 personas, lo cual considera insuficiente para las más de 400 personas que serán desplazadas. Burgos ha calificado esta situación como una vulneración a los derechos fundamentales de los pobladores y una falta de cumplimiento por parte de las autoridades.
Además, el abogado ha acusado a las autoridades de faltar a la verdad en relación a la planificación del proceso de desalojo, indicando que solo ahora se están adquiriendo colchonetas para los afectados y que no se ha brindado información clara sobre los albergues disponibles. Algunos pobladores han denunciado que han tenido que abandonar sus pertenencias al carecer de transporte para moverse.
A pesar de las críticas y las dificultades, a las 11:00 horas los habitantes ya habían abandonado el lugar, quedando pendiente la intervención de maquinaria pesada para demoler las construcciones que se encontraban en el terreno ocupado.
En conclusión, el desalojo de la toma Lajarilla en Viña del Mar ha generado controversia y conflictos entre los afectados, el dueño de los terrenos y las autoridades locales. La situación evidencia la importancia de abordar de manera adecuada y respetuosa los procesos de desalojo, garantizando el respeto a los derechos humanos de todas las personas involucradas.
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