El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha emitido un fallo que exige a la Administración de Donald Trump desembolsar hasta 2.000 millones de dólares que la agencia de ayuda USAID adeuda a terceros por trabajos ya realizados. Esta decisión representa un revés para la estrategia oficial de cerrar los fondos destinados al desarrollo, impulsada por el Gobierno actual.
El Alto Tribunal, por una ajustada votación de cinco votos a favor y cuatro en contra, incluido el del presidente del Supremo, John Roberts, ha rechazado una petición presentada por el Departamento de Justicia. En su lugar, ha respaldado la decisión de un juez de distrito que había ordenado desbloquear los fondos que la Administración Trump mantenía congelados a través de una orden ejecutiva.
En la sentencia inicial, el juez Amir Ali otorgó al Gobierno un plazo de 36 horas para realizar los pagos pendientes, mientras se realizaba un estudio más detallado del caso. A pesar de no establecer un calendario específico, es probable que la Administración Trump continúe litigando en los tribunales para tratar de revertir esta decisión, según reporta la cadena de noticias CNN.
La campaña política emprendida contra la USAID ha tenido graves repercusiones en las organizaciones de ayuda que dependen de su financiamiento. La paralización de fondos ha obligado a muchas de estas entidades a suspender sus actividades o incluso a despedir personal debido a la falta de recursos.
La USAID desempeña un papel fundamental en la implementación de programas de desarrollo en todo el mundo, brindando asistencia humanitaria, promoviendo la democracia y los derechos humanos, y apoyando la educación y la salud pública. La retención de los fondos asignados a esta agencia ha generado incertidumbre y dificultades para las organizaciones y comunidades que dependen de su ayuda.
El fallo del Tribunal Supremo ha sido recibido con satisfacción por parte de los defensores de la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. Se espera que esta decisión impulse a la Administración de Trump a cumplir con sus obligaciones financieras con la USAID y garantice la continuidad de los programas y proyectos en curso.
Sin embargo, el Gobierno podría optar por continuar su batalla legal en busca de revertir esta orden judicial. En medio de un contexto político cada vez más polarizado, la disputa sobre el financiamiento de la ayuda al desarrollo podría prolongarse, generando incertidumbre y obstáculos para la labor de las organizaciones humanitarias.
En conclusión, el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ordena a la Administración de Trump pagar 2.000 millones de dólares a la USAID marca un hito en la lucha por la cooperación internacional y el apoyo a los países en desarrollo. La decisión del Alto Tribunal refleja la importancia de cumplir con los compromisos financieros y garantizar la continuidad de los programas de ayuda humanitaria en un momento crucial para la solidaridad global.
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