Un grupo de 18 estados de Estados Unidos, encabezados por California y Nueva York, se han unido en apoyo a una demanda que busca posponer la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos. Esta medida, impulsada por la administración Trump, ha generado preocupación en diversas entidades gubernamentales y organizaciones de defensa de los migrantes.
En un documento publicado por la Oficina de la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, se argumenta que la decisión de revocar el TPS para más de 600,000 venezolanos sería perjudicial para sus comunidades, economías y sistemas de salud pública. Los estados firmantes del texto presentado ante una corte federal en California son: California, Nueva York, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.
Los estados argumentan que la terminación del TPS afectaría gravemente a las familias de venezolanos, muchas de las cuales son de estatus mixto, es decir, incluyen a ciudadanos estadounidenses. Más de 130,000 ciudadanos estadounidenses viven en hogares con al menos un beneficiario del TPS venezolano, lo que podría generar una separación familiar devastadora.
Además, se destaca el impacto económico que tendría la terminación del estatus. Los venezolanos con TPS contribuyen significativamente a la economía estadounidense, generando $11,500 millones anuales y pagando $3,100 millones en impuestos federales y $2,100 millones en impuestos estatales y locales en 2023. El 75% de los venezolanos en edad laboral están empleados en industrias clave, como la construcción, el transporte y los servicios.
La terminación del TPS también tendría consecuencias negativas para la salud pública. El 67% de los venezolanos con esta condición tienen seguro médico privado, proporcionado por sus empleadores. Si pierden su estatus legal, muchos perderían este seguro, lo que aumentaría la carga sobre los sistemas de salud públicos y disuadiría a muchos inmigrantes de buscar atención médica.
Asimismo, la falta de estatus legal dificultaría los esfuerzos de las fuerzas del orden para combatir el crimen. Los inmigrantes sin estatus legal son menos propensos a reportar delitos o cooperar con la policía por miedo a la deportación, lo que podría obstaculizar la lucha contra organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
Los estados que apoyan la posposición de la terminación del TPS para venezolanos concluyen que esta medida causaría daños irreparables a las familias, las economías estatales y la salud y seguridad públicas. Solicitan a la corte que considere los argumentos presentados y tome una decisión en beneficio de la comunidad venezolana en Estados Unidos.
En resumen, la solidaridad entre estados y la defensa de los derechos de los migrantes son aspectos fundamentales en la lucha por la justicia y la equidad. Es necesario seguir apoyando iniciativas que protejan a las comunidades vulnerables y promuevan la inclusión y el respeto a la diversidad.
Con información de El Cooperante.
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