El diputado Joaquín Lavín ha reiterado en múltiples ocasiones que el juicio que enfrenta su esposa, Cathy Barriga, por millonarios delitos económicos durante su paso por la municipalidad de Maipú, es parte de una estrategia política del actual alcalde, Tomás Vodanovic. En una reciente conversación con ¡Hay que decirlo!, Lavín apuntó directamente contra el jefe comunal respecto a las diversas acciones legales que ha presentado en este caso.
Lavín Jr. ha manifestado su preocupación por el accionar del alcalde Vodanovic, destacando que ha gastado alrededor de 450 millones de pesos en abogados privados para presentar querellas en contra de Cathy Barriga y, en última instancia, en su contra. En este sentido, el diputado ha cuestionado el uso de recursos públicos para llevar a cabo esta estrategia legal, especialmente al destacar que el alcalde anunció estas acciones a través de Twitter.
El diputado Lavín ha defendido enérgicamente la inocencia de su esposa, argumentando que el déficit que se le imputa no es real y fue mal calculado por la Contraloría. Asimismo, ha señalado que la situación judicial de Cathy Barriga está siendo utilizada por el alcalde Vodanovic para obtener réditos políticos, sugiriendo que su persecución a Barriga le ha dado visibilidad y relevancia política.
En un tono más acusatorio, Lavín Jr. ha sugerido que la Fiscalía trabaja en favor del alcalde Vodanovic, señalando que en la querella presentada en su contra se han utilizado antecedentes de una carpeta secreta a la cual ni siquiera él tiene acceso. Esta situación ha llevado al diputado a cuestionar la legalidad de la colaboración entre la Fiscalía y la municipalidad de Maipú, planteando la posibilidad de que se hayan cometido actos ilegales para obtener información confidencial.
En conclusión, el diputado Joaquín Lavín ha dejado en claro su postura respecto al caso judicial que enfrenta su esposa Cathy Barriga, denunciando una supuesta estrategia política por parte del alcalde Tomás Vodanovic. A través de sus declaraciones, Lavín ha manifestado su preocupación por el uso de recursos públicos en acciones legales que considera injustas, así como por la posible colaboración indebida entre entidades públicas en este proceso. La defensa de la inocencia de Barriga y la crítica a la instrumentalización política de este caso han sido los pilares de la postura del diputado en esta controversia.
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