Errores en la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil afectan a 10.000 personas

Irregularidades en la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE)

La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) y detectó una serie de irregularidades en la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE). Entre las observaciones realizadas por el organismo se encontró que se entregaron 9.489 pases escolares a beneficiarios que no acreditaron su calidad de alumno regular, lo que generó un gasto de $31.105.685. Ante esta situación, se solicitó la devolución del monto invertido.

Además, se advirtió que hasta enero del año pasado, más de 78 mil pases escolares no habían sido distribuidos a establecimientos educacionales. También se evidenció que el tiempo de fabricación de la Tarjeta Nacional Estudiantil podía llegar hasta los 27 días hábiles, y que el proceso completo hasta que la TNE era entregada fluctuaba entre 31 y 365 días corridos.

En la revisión de 637 pases escolares emitidos entre los años 2015 y 2023, se encontró que 105 de ellos estaban activos a pesar de no haber cumplido con la revalidación anual. Asimismo, las tarjetas otorgadas entre 2019 y 2022 estaban activas antes de que estuvieran en poder del beneficiario.

La respuesta de Junaeb a Contraloría

Ante el informe de la Contraloría, Junaeb aclaró que de los 9.489 pases escolares cuestionados, en 9.455 de ellos se logró acreditar a sus beneficiarios como alumnos regulares, en alguna fecha entre el 29 de diciembre del 2022 y el 02 de octubre del 2024. Respecto a los 34 casos restantes, se detectó que no eran alumnos regulares, sin embargo, al 02 de octubre de 2024 la TNE se encontraba en estado inactivo.

En cuanto a las 78.558 tarjetas supuestamente no distribuidas, Junaeb identificó que 76.302 pases escolares sí fueron entregados a la fecha de entrega del preinforme, en octubre de 2024.

Estas irregularidades en la entrega de la Tarjeta Nacional Estudiantil ponen en evidencia la importancia de mantener un control riguroso en los procesos de distribución de beneficios estudiantiles, garantizando que los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y transparente. La Contraloría seguirá vigilando el cumplimiento de las normativas y procedimientos en este ámbito para asegurar que los estudiantes reciban los beneficios a los que tienen derecho de manera oportuna y adecuada.