El gobierno argentino liderado por Javier Milei se vio sacudido recientemente por una serie de protestas que culminaron en un enfrentamiento entre manifestantes, fuerzas de seguridad y autoridades. Las manifestaciones, que según las autoridades dejaron un saldo de más de 100 detenidos y una veintena de heridos, han sido calificadas como un intento de golpe de Estado por parte del gobierno.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, señaló que los manifestantes pertenecían a agrupaciones kirchneristas, mientras que el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, acusó al kirchnerismo y a sectores de la izquierda de buscar desestabilizar al país a través de estas movilizaciones.
Según Francos, los kirchneristas han recurrido a "la original idea de poner barras a tratar de defender derechos de los jubilados", lo que desencadenó los disturbios y la violencia que se presenciaron durante las protestas. El gobierno de Milei ha expresado que estas acciones buscan cuestionar un gobierno que, en su opinión, está dando soluciones y cuenta con un respaldo mayoritario tras heredar un desastre.
En medio de estas acusaciones, el jefe de Gabinete de Milei ha llegado incluso a hablar de un golpe de Estado, afirmando que la marcha organizada al grito de "que se vayan todos" pretendía desestabilizar el gobierno. La ministra de Seguridad, por su parte, ha catalogado a los manifestantes como personas de izquierda y kirchneristas, asegurando que estaban preparados para matar y que se agruparon con la intención de golpear al Gobierno.
Ante esta situación, el gobierno argentino ha anunciado que presentará una causa penal por sedición, ataque a las autoridades, atentado y resistencia a la autoridad, y se compromete a revelar las identificaciones de todos los involucrados en los próximos días. Bullrich también destacó que los detenidos podrían enfrentar penas de hasta 20 años gracias a la nueva ley antimafia, dejando claro que no tolerarán actos de violencia ni intentos de desestabilización.
En definitiva, las protestas en Argentina han desencadenado una serie de acusaciones, detenciones y medidas por parte del gobierno de Milei, que busca mantener el orden público y garantizar la estabilidad del país en medio de un clima de agitación social. La situación sigue en desarrollo y será crucial observar cómo evoluciona en los próximos días.
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